El aseguramiento de dos presuntas refinerías clandestinas en San Luis Potosí podría estar relacionado con irregularidades administrativas, como la falta de permisos para el manejo de hidrocarburos, consideró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, Jesús Juárez Hernández.
El funcionario aclaró que se trata únicamente de una hipótesis, ya que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar el origen de las actividades detectadas durante los cateos realizados en inmuebles ubicados en la capital potosina y en el municipio de Villa de Reyes.
En días recientes, la FGR informó el aseguramiento de dos propiedades donde fueron localizados más de 600 mil litros de combustible, además de tanques, maquinaria y diversos equipos presuntamente utilizados para el procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Juárez Hernández recordó que, en operativos de revisión de pipas realizados sobre la carretera 57, la Guardia Civil Estatal ha detectado casos en los que transportistas no contaban con la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia del combustible, aunque posteriormente lograron solventar las observaciones.
Asimismo, confirmó que la FGR solicitó el apoyo de la corporación estatal para reforzar la seguridad durante la ejecución de los cateos.
«El seguimiento a este tipo de delito es completamente federal y podría tratarse, como usted lo menciona, de huachicol, pero también quizá sea por cuestiones administrativas, faltas de permisos», declaró.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que el aseguramiento de ambos inmuebles permitió neutralizar un posible punto de operación relacionado con el tráfico ilegal de combustibles, por lo que descartó que el hallazgo represente, por sí mismo, una alerta para la entidad.
«Ya con el aseguramiento de ayer, seguramente lo que tú mencionas, de que si enciende las alarmas al estado el tráfico de huachicol, ya debe de estar neutralizado», señaló.
El funcionario indicó que el Gabinete Estatal de Seguridad mantendrá vigilancia permanente para detectar posibles instalaciones similares y continuará trabajando en coordinación con las autoridades federales para combatir este tipo de delitos.
Torres Sánchez agregó que, tras el ataque ocurrido en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, donde murieron tres elementos de la Guardia Civil Estatal, se reforzó la vigilancia en la zona metropolitana con el despliegue de más de 10 grupos de reacción para prevenir el ingreso de grupos delictivos.
