El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que modifica los requisitos para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), con lo que amplía el universo de perfiles que podrán aspirar al cargo, reduce el tiempo de residencia exigido en San Luis Potosí e incorpora nuevos criterios de elegibilidad.
La iniciativa fue avalada con 17 votos a favor, cero abstenciones y seis en contra. La bancada de Morena votó en contra al considerar que una reforma de esta relevancia requería un análisis más amplio y una mayor deliberación legislativa. Las y los diputados morenistas cuestionaron la rapidez con la que fue procesado el dictamen y señalaron que algunos de los cambios carecían de una justificación suficiente.
Durante la sesión extraordinaria también se registraron ausencias de legisladores, entre ellas las de las diputadas Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo; Mireya Vancini, del PAN; y Nancy Jeanine García, de Morena, además de otro integrante del Congreso que no participó en la votación. A pesar de ello, la mayoría legislativa aprobó las modificaciones constitucionales.
Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del requisito de ser originario de San Luis Potosí. A partir de esta reforma, será suficiente ser mexicano por nacimiento y acreditar dos años de residencia en la entidad, cuando anteriormente se exigían cinco años.
Asimismo, la experiencia profesional mínima para aspirar al cargo se reduce de diez a cinco años y se amplían las actividades que podrán acreditarse como trayectoria profesional, al incluir litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público y asesoría legal.
La reforma también incorpora nuevos «candados» para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. No podrán acceder al cargo quienes se encuentren inscritos en el padrón de deudores alimentarios morosos, tengan una sentencia firme por violencia de género, violencia familiar o delitos sexuales, ni quienes hayan sido inhabilitados por faltas administrativas graves.
Además, el decreto incorpora un artículo transitorio relacionado con la permanencia de la actual fiscal general, Manuela García Cázares, con el objetivo de evitar vacíos legales respecto a la continuidad de su periodo al frente de la institución.
Con esta modificación constitucional, el Congreso establece un nuevo marco de requisitos para la designación de futuras personas titulares de la Fiscalía General del Estado, mientras mantiene la continuidad administrativa de la actual gestión.
