Un juez federal vinculó esta madrugada a proceso a Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano.
Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la FGR ofreció los datos de prueba suficientes para presumir que existe un hecho que la ley marca como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.
El impartidor de justicia también fijó un término de 4 meses para la investigación complementaria, un plazo previsto para que las partes acopien sus respectivas pruebas y que fenecerá el próximo 4 de diciembre.
Aguirre fue procesado por el delito de desaparición forzada de personas, en una modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La imputación específica consiste en que habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La base de la imputación son los testimonios de la Magistrada Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Visitadora General de la misma institución.
Estrada declaró que el 29 de septiembre de 2014 robó en la oficina de Galeana el disco con los videos de la noche de las desapariciones y los entregó ese mismo día a las 20:30 horas a Aguirre, en Chilpancingo.
Al día siguiente, dijo que hubo dos reuniones en el Palacio de Gobierno en la capital de Guerrero, en las que Aguirre cuestionó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso de los normalistas, porque estas desapariciones no podían pasar a mayores, ya que él tenía muchas relaciones con el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Estrada asegura que ella y Galeana acudieron a esas reuniones.
La FGR ofreció 13 datos de prueba contra Aguirre, entre ellas los testimonios de las ex funcionarias, ambas también procesadas, mientras que Aguirre presentó 31 datos de prueba.
El juzgador dijo que en el delito de desaparición forzada, la norma le obliga a realizar un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.
«Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas«, manifestó.
Esta audiencia originalmente estaba programada el martes a las 10:00 horas, pero inició hasta las 12:47 y concluyó hasta las 2:31 horas de este miércoles.
Al término de la diligencia, la defensa de Aguirre lamentó el fallo del juez y adelantó que apelará el procesamiento.
Osorio y Ojeda
La defensa del ex Gobernador guerrerense, encabezada por Guillermo Barradas Cendón, puso en entredicho que Aguirre estuviera en Chilpancingo el día en que supuestamente le entregaron los videos. Y también puso en duda que Galeana y Estrada participaran en reuniones de su gabinete al día siguiente.
Los abogados ofrecieron 31 datos de pruebas para tratar de desacreditar la imputación, seis de ellas testimonios, además de notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, documentos notariales y actas de nacimiento, entre otras.
De acuerdo con los testigos, el 29 de septiembre de 2014 el entonces Mandatario no estaba en la capital del estado, porque sostuvo a las 18:00 horas una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en una oficina privada del octavo piso de la Torre Chapultepec, en Rubén Darío 281, Polanco, CDMX.
Uno de los datos adicionales que ofrecieron al respecto es una nota periodística de Grupo REFORMA que da cuenta de la reunión de Aguirre con Osorio.
Al día siguiente, participó en tres reuniones en Casa Guerrero, la residencia oficial del Gobernador en Chilpancingo: una con el equipo de futbol Avispones, atacado a balazos el 26 de septiembre anterior en Iguala; otra con militantes del PAN y una más con el Grupo de Coordinación Guerrero.
En esta última, participaron miembros del gabinete de seguridad del Gobierno Estatal, así como autoridades federales como los Delegados de la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como Rafael Ojeda Durán, comandante de la Octava Zona Naval y más tarde Secretario de la Marina.
Las tres reuniones del 30 de septiembre no se llevaron a cabo en el Palacio de Gobierno, como señala la ex Visitadora del TSJEG, y en ninguna de ellas participaron Galeana ni Estrada.
Para acreditar lo anterior, los abogados ofrecieron la impresión de la agenda del gobernador y un tweet del mandatario, ambos de la misma fecha, además de testimonios.
La defensa de Aguirre presentó ayer como testigos de descargo a Everardo Ramón García Mondragón, su ex secretario particular; Armando Añorve Perea y Ángel Benigno Marín, sus ex choferes; Pedro Julio Valdez Vilchis, su ex director de Comunicación Social; el Coronel Felipe Martín Ornelas Rebollo, su ex Coordinador General de Seguridad y Transporte Aéreo; y el ya referido Martínez Garnelo.
Por pedido de la FGR, que consideró que sus testimonios resultaban sobreabundantes, el juez sólo autorizó que Ornelas y Martínez Garnelo fueran interrogados en la sala de audiencias.
El primero detalló que trasladó a la CDMX a Aguirre para su reunión con Osorio Chong a las 18:00 horas; la cita concluyó una hora después y enseguida partieron de regreso a Chilpancingo, a donde llegaron alrededor de las 23:00 horas.
El segundo dijo que en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero no participaban Galeana ni Estrada.
Piden padres dejarlo en prisión
Cuando concluyó la exposición de las pruebas de Aguirre, el Fiscal federal David Roberto Rojas Ramírez ofreció dos pruebas de refutación, como último intento para tratar de acreditar que el ex gobernador sí estuvo en Guerrero, cuando menos el 29 de septiembre de 2014.
El funcionario presentó una geolocalización y una declaración ministerial rendida hace más de una década por el ex mandatario, en la que constaba el número telefónico del que supuestamente era portador y había sido rastreado.
La defensa reveló que ambas pruebas eran parte de una averiguación previa del 2015 y fueron incorporadas al expediente apenas el 9 y 10 de agosto, razón por la que cuestionó que la FGR no las presentara en la imputación original.
Además, reveló que el número celular era de un abogado de Aguirre, de apellido Villalobos. Adicionalmente, pidió que la geolocalización fuera declarada ilegal, porque no había sido autorizada por una autoridad judicial.
Aunque la FGR dijo que en el 2015 no se requería la orden de un juez para obtener la geolocalización, el juzgador Mario Elizondo determinó no admitir esta prueba.
El juez precisó que esta prueba no la iba a declarar ilegal sino imperfecta, porque hacía falta más información para valorarla y más adelante la Fiscalía tenía la posibilidad de perfeccionarla en su investigación.
Una vez desechada esta prueba que parecía clave para la FGR, tomaron la palabra los padres y madres de algunos de los 43 normalistas desaparecidos, quienes le solicitaron al juez -incluso al borde del llanto- procesar y dejar en la cárcel a Aguirre.
Más de uno de los deudos, quienes comparecieron por videoconferencia desde el Centro Pro, señalaron a Aguirre como responsable de la desaparición de sus hijos.
«Queremos que vincule a proceso a este señor, yo le pido de favor como mamá, que no le dé la libertad a este señor, por favor, yo le pido que no salga en este momento», le solicitó la señora identificada con las siglas M.M.O.
Otra de las madres dijo: «El ex Gobernador necesita estar en la cárcel, es lo que nosotros queremos, porque no sabemos nada de nuestros hijos y queremos saber a dónde se los llevó y también investiguen a Peña Nieto».
Al final, el Juez Mario Elizondo decretó la vinculación a proceso y uno de sus argumentos fue una tesis aislada de un tribunal colegiado, que establece que si la defensa presenta una hipótesis alternativa y verosímil de los hechos, eso no quiere decir que la expuesta por la Fiscalía no sea probable.
La tesis en cuestión, que no es de aplicación obligatoria, es del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX.El juez manifestó que ninguno de los testigos, tweets o notas periodísticas le generaban la convicción de que Aguirre no estuvo involucrado en los hechos.
«No son suficientes para corroborar que esa reunión (en la que supuestamente le entregaron los videos) no ocurrió, porque si le imputan que la reunión fue a las 20:30 horas y él regresó a las 22:00 horas a Chilpancingo, pues no es del todo imposible que no se haya reunido (con Blanca Estrada Ortega)», dijo.
«La tesis del magistrado Juan José Olvera (del citado Tribunal Colegiado) no impide vincular a proceso si hay una versión verosímil y alterna, porque todo es una aproximación, tanto los horarios que menciona la defensa como los de la Fiscalía».
