La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió nuevamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí información relacionada con el caso de María de Jesús Almendárez Prieto, conocida como «Marichuy», luego de que el Poder Legislativo rechazó una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
El caso deriva de hechos atribuidos al entonces diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franklin Sarabia, analizados por la CEDH en la Recomendación 04/2024. En ese documento, el organismo estatal concluyó que existieron violaciones a los derechos de seguridad jurídica y al principio de legalidad, por lo que planteó diversas medidas de reparación a favor de Almendárez Prieto, además de acciones para prevenir hechos similares.Entre las recomendaciones figuraban la reparación integral del daño, la elaboración de un protocolo para la atención de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, la capacitación de las y los diputados en la materia y la investigación de posibles responsabilidades administrativas.Sin embargo, el Congreso del Estado rechazó la recomendación y turnó el asunto a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Primera de Justicia para su análisis.El nuevo requerimiento fue emitido por la Primera Visitaduría General de la CNDH y remitido a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Marco Gama Basarte; a la Comisión de Gobernación, encabezada por Héctor Serrano Cortés; y al Instituto de Investigación y Evaluación Legislativas, con copia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).La documentación incorporada al expediente legislativo no precisa cuál fue la respuesta que el Congreso dio al primer requerimiento de la CNDH, cuándo fue presentado ni las razones por las que el organismo nacional decidió reiterar la solicitud de información.María de Jesús Almendárez Prieto ha cuestionado tanto el procedimiento mediante el cual el Congreso rechazó la recomendación de la CEDH como el hecho de haber sido notificada hasta enero de actuaciones legislativas realizadas desde octubre de 2025.Con este nuevo requerimiento, el Congreso del Estado deberá remitir nuevamente la información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.
