El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que entre ocho y diez obras municipales siguen sin iniciar por trámites pendientes ante el Gobierno del Estado. Atribuyó los retrasos a una falta de coordinación institucional y aseguró que el Ayuntamiento amplió la controversia constitucional que mantiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para incluir más proyectos.
Según Galindo, el municipio ha tenido dificultades para reunirse con funcionarios estatales y resolver los pendientes de obras compartidas. Citó el proyecto de la salida a Guadalajara, sobre el cual, dijo, el director municipal de Obras Públicas solo ha logrado reunirse una vez con el secretario estatal del ramo.
El alcalde también señaló que existen diferencias sobre el alcance del Eje 140: mientras el Estado se ha referido a una intervención en la vialidad, el Ayuntamiento propone construir un segundo cuerpo de circulación, no repavimentar el existente. Respecto a Villa Magna, sostuvo que el municipio cuenta con un proyecto desde 2023, anterior al anuncio de una obra estatal en esa zona.
Galindo insistió en que la controversia ante la SCJN no busca resolver diferencias técnicas, sino cuestionar lo que considera una invasión de facultades municipales en el procedimiento estatal de autorización de obras. Afirmó que, aunque la Corte concedió una suspensión y ordenó revisar solicitudes, varios expedientes continúan sin una resolución definitiva. Agregó que algunos trámites han debido reiniciarse hasta tres veces desde marzo; calificó esa situación como una obstrucción sistemática.
De acuerdo con el edil, la ampliación presentada el lunes y admitida por la SCJN incorpora entre siete y ocho proyectos adicionales al litigio original. Entre las obras que mencionó están intervenciones en la Zona Industrial y la Calzada de Guadalupe, el Sky Park del Rosedal y trabajos carreteros hacia Peñasco y Bocas.
El alcalde advirtió que, si persisten los retrasos en proyectos como El Saucito, el Eje 140 y la salida a Guadalajara, podrían verse comprometidos entre 500 y 800 millones de pesos del programa municipal de obra pública. Señaló que su administración analiza cómo ejercer esos recursos antes de que termine el año. La cifra y la caracterización de los retrasos corresponden a la versión del Ayuntamiento; hace falta conocer el estado de cada expediente y la respuesta del Gobierno estatal.
