La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí que había afectado la inscripción local y el acceso al financiamiento público estatal del partido PAZ. La decisión, tomada este 18 de noviembre en el expediente SM-JRC-79/2026, deja vigentes los acuerdos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) había emitido sobre ambos asuntos.
Al analizar el caso, la Sala consideró que el tribunal local no tomó en cuenta el plazo otorgado por el Instituto Nacional Electoral para integrar el Comité Directivo Estatal de PAZ. También determinó que no podía exigirse al partido haber obtenido el 3 por ciento de la votación en la última elección local, porque recibió su registro nacional después de esos comicios y no estuvo en condiciones de participar en ellos.
El presidente estatal de PAZ, Alejandro Leal Tovías, celebró la resolución. Señaló que el financiamiento público permitirá sostener las actividades de organización de un partido de reciente creación y explicó que el CEEPAC deberá ajustar la distribución de prerrogativas para incluirlo.
Leal Tovías recordó que su dirigencia había propuesto esperar la decisión federal antes de modificar la asignación de recursos, con el fin de evitar nuevos ajustes. Reiteró su confianza en las autoridades electorales y llamó a que la contienda de 2027 se desarrolle con respeto y propuestas.
Presenta criterios de paridad
El dirigente informó además que PAZ entregó al CEEPAC sus criterios para seleccionar candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos con paridad de género. El escrito fue suscrito por Néstor Alejandro Rivera Aguilera, representante del partido ante el organismo electoral.
Según lo expuesto por PAZ, el documento busca evitar que las candidaturas de mujeres se concentren en distritos y municipios donde el partido tenga menores posibilidades de triunfo. Incluye también criterios para integrar y sustituir fórmulas, distribuir recursos y tiempos de radio y televisión, y prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género.





