El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha recibido alrededor de 650 reportes relacionados con maltrato, abandono y otras situaciones que afectan a animales durante 2026. Sin embargo, solo cerca de 20 casos se han convertido en denuncias formales, informó la regidora Maritza Vázquez.
«La realidad es que tenemos pocas denuncias. Reportes, muchos, pero denuncia formal, pocas», señaló. La regidora explicó que algunas personas desisten cuando conocen el tiempo y los trámites necesarios para presentar la denuncia ante la Sindicatura Municipal. El área de Bienestar Animal ofrece acompañamiento e incluso ayuda a redactar los documentos que pueden llevarse posteriormente a la Fiscalía.
Vázquez advirtió que aumentar las sanciones por crueldad animal, como plantean las reformas conocidas como Ley Hope, tendrá un efecto limitado si no existen procedimientos claros para investigar los hechos y aplicar las penas. «De nada nos sirve incrementar penas o sanciones si el proceso no se lleva de manera adecuada», sostuvo.
Para atender esa dificultad, el gobierno municipal prepara un Reglamento de Bienestar y Protección Animal que sustituirá al actual Reglamento de Protección Animal. El proyecto busca precisar qué corresponde hacer a cada dependencia, cómo se atienden los reportes y cuál es la ruta para investigar y sancionar posibles casos de maltrato o crueldad.
En las mesas de trabajo participan veterinarios, académicos, activistas, rescatistas y asociaciones, además de áreas municipales como Comercio, Protección Civil y Seguridad y Protección Ciudadana. La propuesta también toma en cuenta las reformas estatales en materia de crueldad animal y la discusión de una ley general de bienestar animal en el Congreso de la Unión.
La regidora señaló que durante los últimos cuatro meses han detectado más casos de animales abandonados dentro de viviendas. Esos reportes presentan una dificultad adicional: el Ayuntamiento no puede ingresar directamente a propiedades privadas, por lo que el nuevo reglamento deberá definir cómo coordinar una intervención cuando la vida de un animal esté en riesgo.
Los 650 reportes abarcan situaciones distintas y no equivalen, por sí mismos, a 650 delitos acreditados. La diferencia con las denuncias formales muestra el problema que Vázquez busca atender: que los avisos ciudadanos puedan seguir una ruta clara hasta la investigación y, cuando corresponda, una sanción.





