La regidora María Eugenia Castro Anguiano y el alcalde Enrique Galindo Ceballos defendieron la clausura del gimnasio Beat Cycle Train, en la colonia Tangamanga, por las quejas vecinales relacionadas con el ruido y la falta de anuencia para obtener su licencia de funcionamiento. Las propietarias sostienen que atendieron los requisitos y acusan a funcionarios municipales de pedirles que no se defendieran públicamente a cambio de entregarles el permiso, que aún no reciben.
Castro Anguiano relató que el 15 de mayo recibió una queja respaldada por más de 15 firmas de vecinos cuyas viviendas colindan con el gimnasio. Afirmó que su intervención consistió en escuchar la denuncia y turnarla a las áreas competentes. «No es intromisión ni favoritismo, es cumplir con mi obligación», expresó al responder a los señalamientos sobre su participación en el caso.
La regidora sostuvo que el procedimiento municipal exige el respaldo de al menos 51 por ciento de los vecinos y que la consulta realizada por la autoridad no fue favorable al establecimiento. Las propietarias cuestionan ese resultado: aseguran haber reunido 30 firmas de anuencia y señalan que el Ayuntamiento no les explicó por qué su documentación fue rechazada. La diferencia entre ambas versiones incluye qué vecinos debían ser considerados para otorgar el permiso.
Galindo respaldó la actuación de Castro Anguiano y afirmó que el gimnasio continúa sin licencia definitiva. Según el alcalde, sus propietarias han cubierto la mayoría de los requisitos, pero no cuentan con la anuencia de siete familias que viven junto al negocio. Dijo que la principal inconformidad se relaciona con el ruido de las clases, que, de acuerdo con su declaración, comienzan a las cinco de la mañana y se prolongan hasta las once de la noche.
El edil añadió que Beat Cycle tiene alrededor de 650 afiliados y cuatro cajones de estacionamiento, una relación que, a su juicio, también genera problemas en la zona. No obstante, señaló que atender el ruido que afecta a las viviendas colindantes es el punto central para resolver el conflicto.
Las propietarias afirman que hicieron cambios para reducir las molestias, entre ellos modificar el volumen de las clases y retirar micrófonos. En su posicionamiento más reciente acusaron que, durante las conversaciones con autoridades municipales, se les pidió no reaccionar ni hacer declaraciones a cambio de obtener la licencia. Sostienen que cumplieron esa petición, pero el establecimiento sigue cerrado y el permiso no les ha sido entregado.
Beat Cycle también cuestiona la forma en que se condujo el trámite y reclama su derecho a conocer con claridad los requisitos y las razones de la negativa. Hasta ahora, las declaraciones públicas de ambas partes mantienen sin resolver si las modificaciones realizadas por el gimnasio son suficientes para atender las quejas y qué documentación deberá valorarse para decidir sobre su funcionamiento.





