El Centro de Dignificación Humana señala un contubernio entre elementos policiacos y grupos de crimen organizado.
Activistas y defensores de derechos humanos consideran que el 2023 fue el año donde la migración se agudizó con mayor fuerza en la frontera sur de México, pues a través de esta zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala, se contabilizó el ingreso de un millón de extranjeros provenientes de al menos 110 países, quienes buscan llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, a pesar del incremento en el flujo migratorio las autoridades continúan sin una estrategia adecuada para la atención de las personas en tránsito, situación que provocó que se registraran caravanas migrantes, pero también nuevas formas para traficar extranjeros por la carretera costera de Chiapas, donde pareciera ser que los migrantes son los menos beneficiados en este fenómeno social.
Migrantes en manos del crimen desorganizado
En entrevista para MILENIO, Luis Rey García Villagrán coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), denuncia que el crimen desorganizado -grupos delincuenciales- en contubernio con elementos policiacos de los tres niveles de gobierno y figuras políticas están involucrados en la trata de personas, así como en todo lo que conlleva el fenómeno de la migración, por lo que los menos beneficiados resultan ser los migrantes.
“Entonces el crimen desorganizado ha sido el más beneficiado en este ir y pasar de seres humanos, que ya le dije, de ese millón de personas que pasaron por la frontera sur, el 70 por ciento ha caído en manos del crimen desorganizado”, puntualiza
Asimismo enfatiza que las personas en tránsito además de sufrir el abandono de su hogar, su familia y su historia durante la travesía, padecen múltiples hechos de violencia, extorsión, abusos y hasta discriminación, como es el caso de Gustavo Medina proveniente de Venezuela, quien viaja acompañado de su esposa y de sus dos hijos.
“No, la travesía es necesidad, hambre y trabajo, porque uno busca trabajo y abuso también abusan mucho con el migrante, quieren explotarle con los precios, uno lo que viene es sufrir, uno viene pidiendo de allá para acá, va avanzando”, detalla.
Una oportunidad de reconstrucción
Por su parte Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en México (Acnur), asegura que sin importar las razones que provoquen la movilidad humana, los extranjeros que ingresan a territorio mexicano como refugiados tienen la posibilidad de reconstruir su vida, debido a que las empresas privadas carecen de mano de obra y es ahí donde ellos tienen una oportunidad de superación.
“Pues la respuesta es que depende, porque pueden ganar todos, o sea, pueden ganar las personas que se mueven de su país buscando una vida mejor (…) Efectivamente puede ganar si tiene la posibilidad de reconstruir su vida en otro país, entonces yo creo que esto, pero creo también que pueden ganar las sociedades que la reciben, sobre todo repito en un país que tiene una escasez importante de mano de obra”, explica.
Bajo esta dinámica, el representante de Acnur detalla que de 35 mil refugiados que han trasladado desde el sur de México hasta el norte en un proceso de migración, aportaron alrededor de 10 millones de dólares o 180 millones de pesos al año en impuestos, situación que en lugar de perder, gana el país, las empresas, pero sobre todo las personas en tránsito.
Al cierre de 2023, las autoridades migratorias han contabilizado que por lo menos son más de 60 mil migrantes de 24 nacionalidades los que se encuentran varados en el municipio de Tapachula, Chiapas, quienes están a la espera de poder recibir el formato migratorio para poder continuar de forma segura su camino.
Mientras que la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar), recientemente abrió nuevas oficinas en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para atender a los extranjeros que transitan por el llamado corredor central.
