A casi un año de que un niño del grupo especial del Instituto Marista fuera víctima de una agresión sexual dentro del propio colegio, la investigación permanece estancada, sin sanción alguna contra los responsables y con señalamientos graves de negligencia, revictimización e incluso posible encubrimiento institucional.
De acuerdo con la denuncia de la madre, la agresión ocurrió en septiembre de 2024 y fue confirmada por una médica legista de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, tras interponer la denuncia correspondiente, el caso ha sido marcado por omisiones, dilaciones procesales y la pérdida de evidencia clave.
Una investigación sin avance… y sin garantías
Aunque el colegio fue formalmente notificado del caso, no se ha informado de sanciones internas ni medidas para proteger a otros estudiantes. La familia denuncia que la Fiscalía no ha dado seguimiento adecuado: fue hasta abril de 2025, siete meses después y tras la presión mediática, que se les citó a una supuesta diligencia forense.
La madre señala que dicha cita se realizó en Jueves Santo, sin oficio formal, sin peritos judiciales y solo con la presencia de una química, lo que considera una anomalía procesal. El análisis, además, arrojó como resultado que los residuos encontrados eran únicamente del niño, lo que, en palabras de la madre, implica sugerir que su hijo “se lastimó solo”.
Otro elemento alarmante es la desaparición de una prueba clave: un cabello cano con folículo encontrado en la revisión médica inicial. La madre fue informada recientemente que dicho folículo «ya no existe», por lo que no podrá realizarse el análisis genético correspondiente. Ninguna autoridad ha explicado cómo ni cuándo se perdió esta evidencia.
Videos tardíos, evidencias ausentes
Los videos de seguridad del colegio fueron entregados apenas dos meses atrás, sin certeza de que no hayan sido editados previamente. La familia no ha recibido garantías de integridad ni autenticidad del material, a pesar de que el menor ya había identificado un lugar y contexto concretos donde ocurrió la agresión.
¿Conflicto de interés?
La madre del niño también denunció públicamente un posible conflicto de interés que podría estar obstruyendo el acceso a la justicia: a través de la Plataforma Nacional de Transparencia descubrió que una persona con el mismo nombre de la madre del presunto agresor trabaja como secretaria del director en la Dirección Jurídica de la Fiscalía, precisamente el área que asesora legalmente a la institución que debe impartir justicia.
Además, identificó a otra persona con el nombre del padre del presunto agresor trabajando como Jefe de Sección en el Municipio de San Luis Potosí.
“Exijo que la fiscal general y el alcalde den la cara. Necesito saber si están protegiendo a alguien. Esto no es personal, es institucional: mi hijo fue violentado y merece justicia, sin importar cuántos funcionarios estén implicados”, declaró la madre.
Justicia en pausa, dolor en presente
El caso se suma a una larga lista de denuncias por impunidad en delitos contra menores en instituciones privadas y públicas, donde las víctimas enfrentan no solo el trauma de la agresión, sino también la indolencia y opacidad del sistema judicial.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General del Estado ni el Instituto Marista han ofrecido una postura pública detallada sobre los hechos ni sobre los errores señalados por la familia de la víctima.
