Comerciantes establecidos en la Alcaldía Coyoacán denunciaron que son objeto de extorsiones de parte de funcionarios públicos.
Un comerciante que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, contó que personal de la Dirección de Verificación Administrativa de la Alcaldía de Coyoacán -que gobierna el panista Giovani Gutiérrez-, se presentó para notificar que deberían actualizar sus licencias de uso de suelo, protección civil, alineación y número oficial.
Los responsables del establecimiento fueron citados al día siguiente en la oficina de la Dirección de Verificación. El comerciante acudió con su papelería y fue remitido con el director Roberto Puga Quintero.
Conforme su testimonio, le pidieron dejar su teléfono celular en una caja afuera de la oficina antes de conversar con Puga. En la plática, el director le explicó que para evitar la intervención del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y que le fuesen colocados sellos de suspensión de actividades, podía regularizarse con un pago de 200 mil pesos en efectivo, directo al funcionario, sin recibo ni comprobación.
El pago podía hacerlo al contado o en abonos. En ese intento de extorsión, el funcionario le dijo que comercios que se habían negado a acceder a ese pago tuvieron que desembolsar hasta 400 mil pesos para regularizar sus documentosde manera legal.
Otro testimonio refiere una situación similar: «Traían un oficio en el que me solicitaban la verificación de mis documentos, enseguida me dijeron que me presentara en la Alcaldía con toda mi documentación en la Plaza Hidalgo, ahí junto al Registro Civil».
El comerciante fue recibido por el subdirector de Verificación Administrativa, David Axell Magaña Benítez, quien le dijo que su uso de suelo estaba vencido porque cambiaron los lineamientos.
«Con esto que tienes vencido va a llegar el Invea y te va a clausurar, no le demos vueltas, vamos a ser claros, si paso el reporte, el Invea te llega mañana», le dijo.
Le explicaron que, en lo que «regularizaba» su situación, tendría que pagar, de inicio, 10 mil pesos, y después mensualidades de 4 a 6 mil pesos.
«En cuanto tengas tu documentación en regla ya nos dejas de pagar, pero tienes que hacer trámites nuevos y nosotros te protegemos de que no te caiga el Invea», mencionó el comerciante.
El pago inicial de 10 mil pesos lo hizo en efectivo en las oficinas, pero lo siguen citando y le siguen cobrando.
El modus operandi de este tipo de extorsión, por lo general cometida por criminales y ahora ejecutada por servidores públicos, ocurre en el marco de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que el Senado está por aprobar.
REFORMA publicó el 7 de noviembre que en CDMX ya se triplicaron las denuncias por extorsión en un año al pasar de 369 a mil 197, en el mismo periodo de enero a septiembre de 2024 y 2025.
Alistan ley, pero sin recursos
La ley contra la extorsión que Morena pretende aprobar a mediados de esta semana no tendrá presupuesto para implementarse, advierte la bancada del PAN en el Senado de la República.
De acuerdo con un análisis interno, esa ley enfrentará insuficiencia presupuestaria federal y estatal.
«En el Presupuesto de Egresos no se identifican asignaciones específicas para combatir el delito de extorsión». De hecho, «la iniciativa presidencial impone obligaciones de gasto a la Federación, estados y municipios sin prever recursos adicionales ni fondos compensatorios», se alerta.
