Un juez federal de Colima amenazó con imponer multa de 54 mil 285 pesos y denunciar penalmente a los once Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), si no acatan una suspensión que les ordena detener los preparativos para la elección judicial de junio de 2025.
Francisco García Contreras, Juez Segundo de Distrito en Colima, lanzó hoy un ultimátum para que se cumpla la orden que dictó desde el pasado 24 de septiembre, y que fue la primera posterior a la publicación de la reforma Constitucional el 15 del mismo mes.
«Requiérase por última ocasión al Consejo General del INE, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Colima, para que en el plazo de 24 contadas a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, acate los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión», dice el acuerdo.
«Se le apercibe por última ocasión antes de hacer efectiva la medida de apremio, que de no acatar lo ordenado, se impondrá a cada uno de los integrantes del Consejo, una multa de 500 UMA, que corresponden a 54 mil 285 pesos», agregó el juez.
También advirtió que dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para que inicie una carpeta de investigación por el delito de desacato a una suspensión, que se castiga con tres a nueve años de cárcel.
La suspensión ordena al INE abstenerse de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024- 2025, y no emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de dicho proceso, como se lo mandata la reforma Constitucional por la cual todos los jueces del país serán electos por voto popular.
El juez pidió la colaboración de un colega de la Ciudad de México, para que envíe un actuario a la sede central del INE a notificar los oficios respectivos, más allá de los que se están entregando en la Junta Local de Colima.
El pasado 30 de septiembre, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito confirmó esta suspensión provisional, que también prohíbe al Senado emitir la convocatoria para la elección, la cual debe estar publicada a más tardar el 16 de octubre.
Además, se ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abstenerse de implementar los planes para transferir todos sus recursos materiales, humanos y financieros a los nuevos órganos de administración y disciplina del Poder Judicial creados por la reforma, que deberán estar operando en septiembre de 2025.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia obligatoria que el amparo contra reformas a la Constitución es improcedente, y en teoría, este recurso tampoco debería proceder en materia electoral, pero varios jueces ya están tramitando demandas contra la reforma.
El amparo del que deriva esta suspensión fue promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
