Autoridades y legisladores del partido en el gobierno tienen bajo la lupa a juzgadores, al considerar que sus decisiones son facciosas
Al menos 17 juzgadores federales y estatales han provocado el enojo de los gobiernos de Morena y sus legisladores federales, porque consideran que sus resoluciones son “facciosas” al frenar leyes y decisiones de gobierno, o que tienen una carga de corrupción o de complicidad con el crimen organizado, por liberar detenidos por las fuerzas de seguridad federales.
A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez los han atacado desde el Senado, de manera pública, incluso por decisiones de retirar temas que tienen en análisis.
Alejandro Armenta, gobernador electo de Morena, cuando fue presidente del Senado fue el principal adversario de la ministra Norma Piña, a quien acusó de amenazarlo en una charla vía WhatsApp, la señaló como una enemiga del Estado mexicano y la acusó de pretender “privilegios vergonzosos” cuando solicitó el presupuesto 2024 para el Poder Judicial.
También fue uno de los principales actores políticos de Morena en contra del ministro Luis María Aguilar, a quien acusó de cometer “traición a la patria” y de pretender “un golpe de Estado”, porque el ministro elaboró un proyecto que incluía la destitución del Presidente por omisión a una orden judicial de ratificación a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero que no fue sometido a discusión del pleno de la Corte.
De igual manera, Luis María Aguilar ha sido criticado por senadores de Morena, porque aseguran que ha tardado en resolver un litigio de adeudos fiscales por parte de empresarios.
A Alberto Pérez Dayán, lo han señalado por sus decisiones en torno a amparos contra la reforma de la industria eléctrica y sus votos para declarar inconstitucionales diversas reformas legales que violentaron el debido proceso; él fue atacado por legisladores morenistas, porque acudió a la Fórmula 1.
Y a Javier Laynez lo han atacado porque concedió la suspensión de la aplicación de la reforma electoral que probó Morena y después el pleno de la Corte lo respaldó en la posición de declarar inconstitucionales los dos paquetes de la reforma.
Al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro lo comenzaron a atacar por suspender los efectos de la reforma de la industria eléctrica, en favor de diversas empresas que hicieron valer sus derechos constitucionales.
Al juez Martín Adolfo Santos Pérez lo han atacado porque concedió amparos a la industria de comida rápida en contra de la disposición de prohibir el uso de personajes de caricatura en los empaques; por echar abajo la prohibición de cigarros electrónicos y por conceder un amparo a Xóchitl Gálvez en contra de la decisión del gobierno de exhibir información fiscal sobre sus empresas.
La semana pasada, la senadora morenista Mónica Fernández Balboa lo responsabilizó de obligar al Senado a aprobar la Ley General de Operaciones de Registros Civiles, que incluye la recopilación de datos biométricos por parte del gobierno federal; reveló que hay quejas presentadas en contra en el Consejo de la Judicatura Federal.
El juez ordenó aprobar la ley respecto de los registros civiles, pero no cuál debe ser el contenido; es Morena la que introdujo los datos biométricos como parte del texto.
El lunes, el senador morenista Ricardo Monreal arremetió contra el juez Rodrigo de la Peza, por ordenar al Tribunal Electoral nombrar a los dos magistrados que le hacen falta para completar el pleno.
También han criticado el trabajo de cinco jueces de control por no colaborar para tener en prisión a delincuentes como El Minimix, El Rodo o El Fantasma.
A una jueza de Tijuana la acusan de diversas irregularidades, porque dicen que ha dejado libre a diversos detenidos. La jueza de Veracruz Angélica Sánchez, a quien el gobierno de Cuitláhuac García detuvo, acusada de agredir a policías, en realidad fue criticada por los morenistas por no vincular a proceso a un delincuente local.
De igual manera, han ido contra tres jueces federales, a quienes acusa de atenuar castigos contra Mario Marín, Jesús Murillo Karam, y por la liberación del criminal apodado La Vaca.
SEDENA RECHAZA ADEUDO
El Cuerpo de Ingenieros Militares contrató a empresas legalmente constituidas y registradas ante Compranet, con quien cubrió los pagos correspondientes para la construcción del Tren Maya y no tiene deudas con los transportistas de balasto, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La dependencia explicó que, sin su intervención, los integrantes de la organización de Transportistas Unidos fueron contratados por las diferentes empresas para el traslado de ese material, que se usa para la nivelación de las vías del Tren Maya.
Sobre los reclamos, paros y bloqueos carreteros que agremiados de esa organización han realizado por la falta de pagos, la Sedena indicó que se integró a una mesa de negociación en el estado de Puebla.
Rechazó que se tengan adeudos con los transportistas, pero con el objetivo de llegar a una conciliación y evitar bloqueos que afecten a la población, la Dirección General de Ingenieros Militares contribuirá con las empresas contratantes, exhortándoles a que paguen.
-David Vicenteño
ORDENAN ABRIR DATOS SOBRE TULUM
El pleno de la Suprema Corte de Justicia ordenó que se entregue una versión pública de la resolución del trámite de cambio de uso de suelo forestal para la construcción de la Base Aérea Militar y el Aeropuerto de Tulum, Quintana Roo.
En su proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que la Consejería Jurídica de la Presidencia no justificó ni demostró que la entrega de esa versión pública deba permanecer reservada por cuestiones de seguridad nacional.
