Un cambio en el grado de inversión de México aumentaría las tasas de interés, inhibiría las inversiones en el País y reduciría el espacio fiscal, advirtieron especialistas.
El riesgo de que a México le recorten la calificación crediticia está latente ante un mayor déficit público, provocado por la continuidad del gasto del Gobierno en programas sociales, la elevada deuda y la perspectiva de un menor crecimiento económico por efecto de las reformas en el Congreso, consideraron expertos consultados.
De las tres grandes calificadoras, Fitch Ratings tiene a México apenas un escalón dentro del grado de inversión, por lo que una baja de ésta degradaría al País a grado especulativo. Las otras dos, S&P y Moody´s, tienen al Gobierno federal dos grados adentro.
El economista Jorge Chávez Presa recordó que alcanzar el grado de inversión significó para México ser considerado como un País organizado para crecer económicamente, confiable y con capacidad de pago.
Advirtió que perder el grado de inversión implicaría tener que incorporar a las tasas de interés una prima de riesgo, lo que generaría un incremento, mucho más cautela en los inversionistas, y una reducción en los proyectos que llegarían a México.
«Si suben las tasas de interés significaría que el Gobierno va a pagar más intereses por la deuda que tiene interna y externa, y eso va a reducir el espacio fiscal para financiar y cubrir con el presupuesto o con los ingresos que quedan, a menos que se endeuden más», consideró.
«Va a haber menos presupuesto en medicinas, porque va a tener que pagar más intereses y, especialmente, hay el compromiso de reducir el déficit», señaló.
Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que un primer efecto de perder el grado de inversión es el encarecimiento del financiamiento, con altas tasas de interés.
«Para todos los mexicanos, Gobierno, empresas y trabajadores, tener o no el grado de inversión es la diferencia entre tener créditos a tasa fija a plazos de 30 años o créditos a 5 años con tasa variable, como era en los años 80 y 90».
Consideró que el elevado déficit del Gobierno -mayor gasto que ingreso- ya no es compatible con la calificación que tiene la deuda soberana gubernamental.
De 2018 a la fecha, el déficit público pasó de 2.1 por ciento a 5.9 en la actualidad y aunque Hacienda señala que lo bajará a 3 en 2025 muchos dudan de la meta.
«Si recortaran toda la inversión pública no les alcanzaría para bajar el déficit a 3 por ciento, tendrían que hacer recortes en el gasto corriente o en programas sociales», comentó Luis de La Calle Pardo, ex funcionario de la Secretaría de Economía.
Otro elemento que impactaría en el grado de inversión es el paquete de reformas al Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, coincidió en que la erosión de la calificación del soberano impactaría el costo del endeudamiento y las inversiones.