El 11 de noviembre de 2020, un ataque armado frente a una vivienda en San Luis Potosí marcó la vida de Rosalinda Ávalos. Ese día, ella y sus dos hijos fueron baleados. Su hija de 18 años, estudiante de arquitectura, y su hijo de 20, aspirante a chef, murieron a causa de las heridas. La hija mayor de Rosalinda sobrevivió, aunque con lesiones graves.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí revelaron que al menos cinco agentes de la Policía de Investigación estaban involucrados en el crimen, lo que llevó a su acusación por homicidio.
Con el tiempo, surgieron más señalamientos sobre el caso. En una intervención en el Congreso local, Rosalinda Ávalos acusó directamente a Sabas Santiago Ipiña Ramírez, un exfuncionario de seguridad, de estar implicado en el asesinato de sus hijos. Afirmó que Ipiña Ramírez tenía vínculos con el crimen organizado, específicamente con un cártel relacionado con la Policía Ministerial. Además, señaló que este es «compadre» de Miguel ‘N’, uno de los principales implicados en el crimen, actualmente preso en Sonora por delincuencia organizada.
Ipiña Ramírez, conocido como «Mexqui», trabajó como jefe del grupo de combate al narcomenudeo hasta 2021, cuando fue inhabilitado tras un enfrentamiento armado. A pesar de su historial, recientemente había sido considerado para convertirse en juez en el Poder Judicial del estado. Aunque el Poder Ejecutivo rechazó su candidatura por falta de experiencia como litigante, el Comité del Poder Legislativo lo incluyó entre los aspirantes mejor evaluados.
Sin embargo, tras la denuncia pública de Rosalinda Ávalos, el Congreso de San Luis Potosí decidió retirar el nombre de Ipiña Ramírez del proceso de selección y abrir una investigación sobre sus posibles nexos con grupos delictivos.
El caso ha generado indignación y puesto en duda la transparencia en los procesos de selección de jueces en el estado. Rosalinda Ávalos ha mantenido su lucha por justicia y ha denunciado la falta de acción de las autoridades. Asegura que la exclusión de Ipiña Ramírez del proceso judicial es solo el primer paso para esclarecer el asesinato de sus hijos.
Mientras la investigación continúa, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han exigido un proceso transparente y el castigo a los responsables para evitar la impunidad.
