La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que Christian Herrera, propietario de la página Código Rojo en Ciudad Valles, obtuvo la suspensión condicional de su proceso penal, luego de ser imputado por los delitos de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes.
La titular de la Fiscalía, María Manuela García Cázares, informó que el pasado sábado un juez de Control concedió dicha medida cautelar, la cual impone al imputado una serie de condiciones que deberá cumplir durante un periodo de un año.
Entre las obligaciones establecidas, Herrera deberá mantener residencia en Ciudad Valles durante el tiempo que dure la suspensión. La fiscal precisó además que, hasta el momento, no existen otras denuncias en su contra.
García Cázares señaló que la denuncia inicial fue presentada por la Guardia Civil Estatal, corporación que originalmente lo acusó por presuntas actividades de “halconeo”, es decir, por divulgar información relacionada con movimientos operativos de cuerpos de seguridad.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, explicó que la querella surgió tras un seguimiento a las publicaciones realizadas por el comunicador en redes sociales.
Según expuso, la corporación detectó que Herrera difundía información sobre operativos policiales antes de que estos concluyeran, lo que, a consideración de la dependencia, comprometía estrategias de seguridad y podía poner en riesgo tanto a elementos operativos como a la ciudadanía.
El funcionario aseguró que algunas de las publicaciones contenían datos reservados vinculados con intervenciones contra presuntos grupos delictivos, razón por la cual decidieron formalizar la denuncia.
Juárez Hernández añadió que este es el único caso denunciado por la SSPC bajo estas circunstancias, aunque reconoció que en la región Huasteca han identificado diversas páginas y portales que, según la corporación, difunden información falsa con el objetivo de desacreditar a la Guardia Civil Estatal, particularmente después de operativos relevantes o capturas de presuntos líderes criminales.
El caso de Christian Herrera ha generado debate entre sectores periodísticos y defensores de la libertad de expresión, al considerar que existe una delgada línea entre la difusión informativa en plataformas digitales y conductas que puedan ser interpretadas por la autoridad como interferencia en labores de seguridad.
