Acelera Congreso negociación de reforma electoral entre diferencias y falta de consenso

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Diputados y diputadas locales sostuvieron una reunión privada para intentar destrabar la reforma político-electoral en San Luis Potosí y avanzar en la construcción de un dictamen único antes de que concluya el actual periodo legislativo, en medio de presiones por los tiempos legales y desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Las negociaciones se desarrollan con el límite del 30 de junio como fecha clave para concretar cambios antes del arranque formal del proceso electoral de 2027, previsto para noviembre.

Durante la reunión, las bancadas acordaron concentrar en un solo documento las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, junto con la propuesta elaborada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana(Ceepac), con el objetivo de construir una base común para la discusión.

A partir de ello, cada fracción legislativa comenzó a afinar observaciones, reservas y modificaciones que serán discutidas formalmente en la próxima mesa de trabajo programada para el martes.

Entre los temas analizados estuvo la posibilidad de incorporar figuras relacionadas con delitos como el desvío de recursos públicos y la denominada “narcopolítica”. Sin embargo, dichos planteamientos quedaron fuera del eje central de la reforma, al considerarse que ya existen disposiciones dentro del marco penal vigente.

En paralelo, legisladores revisaron propuestas vinculadas a ajustes en los tiempos del proceso electoral, igualdad sustantiva, acciones afirmativas y mecanismos de participación política.

Uno de los puntos que generó mayor división fue la iniciativa impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés para establecer filtros de elegibilidad a candidaturas mediante exámenes de control y confianza.

La propuesta abrió debate entre las bancadas por posibles implicaciones en derechos humanos, riesgos de discrecionalidad institucional y eventuales escenarios de sobrerrepresentación del partido en el poder.

Hasta ahora, el Congreso local mantiene las negociaciones fuera del escrutinio público mientras se ajusta el contenido del dictamen final. Aunque existe intención de aprobar la reforma antes del inicio del proceso electoral, las diferencias entre partidos aún impiden alcanzar un consenso definitivo sobre el alcance de los cambios.

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