El registro de candidaturas en San Luis Potosí podría condicionarse a la aprobación de exámenes de control de confianza, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado por el diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido Verde Ecologista de México. La propuesta, incorporada de último momento en el orden del día, plantea que aspirantes a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— acrediten una certificación de integridad antes de ser registrados.
El planteamiento contempla reformas a la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza, estableciendo que ningún partido político podrá registrar candidaturas sin este requisito. La medida surge a meses del arranque del proceso electoral de 2027.
De aprobarse, cada aspirante deberá tramitar una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, instancia que actualmente evalúa a personal de seguridad pública. Las pruebas incluirían evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y análisis del entorno socioeconómico.
La constancia sería obligatoria al momento del registro, aunque el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana únicamente verificaría su existencia, sin facultades para revisar el contenido de los resultados ni emitir juicios sobre la elegibilidad del aspirante. Los resultados tendrían carácter confidencial.
Para sustentar la iniciativa, Serrano Cortés apeló al concepto de “autodefensa constitucional”, al considerar que el orden jurídico puede establecer mecanismos preventivos frente a la posible infiltración de intereses ilícitos en cargos públicos. En ese sentido, citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que —según argumentó— permiten a los congresos locales fijar requisitos adicionales siempre que sean proporcionales, objetivos y verificables.
La iniciativa también establece que la certificación no implica una sanción ni una restricción automática al derecho a ser votado, sino un mecanismo preventivo. En caso de aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación; el Centro de Evaluación tendría un plazo de 90 días para emitir lineamientos, mientras que el Ceepac deberá adecuar su normativa para incorporar este requisito en el proceso de registro de candidaturas.
El planteamiento abre un debate sobre los límites entre la integridad en el servicio público y los derechos político-electorales, en un contexto donde la exigencia de filtros más estrictos convive con la necesidad de garantizar condiciones de participación democrática.
