Lo que debía ser una diligencia legal terminó convirtiéndose en un altercado con gritos, jaloneos, amenazas y hasta una detención irregular en el interior de la oficina de la Sindicatura Municipal de Matehuala. El incidente tuvo como protagonista al síndico Salvador Palos Bustamante, quien ordenó la intervención de policías municipales y confrontó físicamente al abogado penalista Javier Alejandro Cázares Gutiérrez.
El abogado acudió a la oficina municipal acompañado del actuario Julián Rincón para realizar una notificación judicial, pero lo que siguió fue todo menos protocolario. En un video que circuló ampliamente, se observa al síndico visiblemente alterado, arremetiendo contra el abogado, arrebatándole el teléfono celular con el que grababa los hechos y justificando su acción con la frase: «Yo soy el síndico». Palos argumentó que el teléfono era un «medio de prueba».
En el material también se escucha al abogado exigir la devolución del dispositivo, a lo que el síndico respondió con una orden directa a los policías municipales: ingresar y esposar al abogado, sin que mediara orden judicial o fundamento legal para la retención.
Pese a lo evidente del video y al revuelo generado, horas después ambos implicados ofrecieron una rueda de prensa conjunta, en la que intentaron minimizar el incidente.
“Fue un malentendido que se corrió en los pasillos de la presidencia”, dijo el síndico Palos, quien incluso aseguró que “no hubo ningún inconveniente”.
El abogado Cázares, que inicialmente denunció abuso de autoridad, cambió de tono y agradeció al propio síndico:
“Agradezco la preocupación de la ciudadanía… nunca fui privado de la libertad como lo refiere el síndico. Tan es así que nunca he ingresado a las celdas de seguridad pública”.
No obstante, minutos después, el propio Cázares reconoció que fue esposado y calificó la acción como una detención arbitraria:
“Sí se me pusieron las esposas… fue una cuestión arbitraria”, admitió, aunque dijo que “al final de cuentas ya se aclaró el tema”.
Cuando fue cuestionado sobre si presentaría una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el abogado respondió que sí existieron irregularidades en su detención, pero evitó confirmar si procederá legalmente. El síndico, por su parte, aseguró que no habrá consecuencias legales para nadie.
El episodio dejó más dudas que certezas y puso en evidencia la fragilidad institucional en el manejo de procedimientos judiciales básicos dentro de una oficina pública. Aunque ambos actores intentaron pasar página, el uso de fuerza sin respaldo legal, la detención arbitraria y la manipulación de evidencia son hechos que difícilmente pueden considerarse simplemente «un malentendido».
