El estado de San Luis Potosí ha sido clasificado en riesgo medio de violencia política rumbo a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio de 2025, según el más reciente informe del Observatorio Electoral. El reporte advierte sobre agresiones, amenazas, asesinatos y secuestros dirigidos contra candidaturas, perfiles políticos y su entorno, en el contexto del proceso electoral que por primera vez incluye elecciones internas del Poder Judicial.
En este panorama nacional, Baja California encabeza la lista como la entidad con mayor riesgo de violencia electoral, mientras que Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima se ubican en nivel alto.
Junto con San Luis Potosí, también presentan riesgo medio entidades como Sonora, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. En contraste, estados como Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán se encuentran en nivel bajo.
Asesinatos en el Poder Judicial marcan el proceso
El estudio destaca que desde agosto de 2024 a la fecha, se han registrado varios asesinatos de personas que laboraban en el Poder Judicial, en paralelo al desarrollo y puesta en marcha de la reforma constitucional en materia judicial y la organización de las elecciones asociadas a ella.
Si bien el informe aclara que no todos los casos pueden catalogarse como violencia electoral, sí advierte que los ataques a personas juzgadoras reflejan un entorno de vulnerabilidad que debe ser atendido.
Factores de riesgo: desinformación y falta de mecanismos de denuncia
De acuerdo con el Observatorio Electoral, el comportamiento atípico de la violencia electoral en este proceso puede estar vinculado con la incertidumbre general, la escasa información pública sobre las candidaturas judiciales, así como el desconocimiento o inexistencia de mecanismos claros de denuncia ante actos de violencia o intimidación.
El estudio concluye que estos factores limitan la prevención y la respuesta institucional, lo cual aumenta el riesgo para participantes del proceso, especialmente en entidades donde la tensión política o social es más alta.
Con este diagnóstico, el Observatorio hace un llamado a las autoridades federales y estatales a reforzar las estrategias de protección, garantizar condiciones de seguridad en el proceso electoral judicial y establecer canales claros y efectivos para denunciar actos de violencia política o intimidación institucional.
