El secretario de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que la falta de maestros en distintas regiones del estado —particularmente en zonas del interior— está directamente vinculada al procedimiento normativo que obliga a separar temporalmente del aula a docentes que enfrentan denuncias ante instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aun cuando no existan pruebas concluyentes en su contra.
Esa separación automática, explicó, ha dejado salones sin atención y ha detonado manifestaciones de padres y madres de familia en comunidades donde los grupos permanecen sin docente por semanas o incluso meses.
Torres Cedillo destacó que la reciente aprobación de una nueva ley en el Congreso del Estado permitirá que alrededor de 30 maestros actualmente separados regresen a las aulas mientras continúan sus procesos administrativos. La norma —que será publicada en el Diario Oficial en los próximos días— busca equilibrar la protección de la niñez con la garantía de los derechos laborales del magisterio.
Aclaró, sin embargo, que esta medida no aplica en denuncias por acoso o abuso sexual, donde la separación del docente es inmediata y definitiva.
Como ejemplo de los casos que han generado complicaciones, narró el de un profesor acusado de discriminación luego de llamar “chaparrito” a un alumno durante una actividad recreativa. La madre del menor presentó una queja que terminó en la separación del docente, pese a tratarse de un episodio sin violencia y sin elementos que justificaran una medida tan drástica.
Según Torres Cedillo, situaciones de este tipo han provocado temor entre los maestros, quienes evitan corregir o disciplinar a estudiantes por miedo a que una mala interpretación derive en un proceso legal o en la pérdida temporal de su empleo. Esto, afirmó, ha tenido efectos directos en el deterioro de la disciplina escolar y en el incremento de casos de bullying en distintos planteles.
El funcionario sostuvo que la nueva norma busca corregir el vacío legal que generaba salones sin maestros y procesos largos sin resolución, afectando a comunidades enteras. Ahora, dijo, se abre la puerta para que los docentes puedan continuar su labor educativa sin que se vulneren sus derechos mientras las autoridades investigan cada señalamiento.
