La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República(FGR) investigará el caso de las solicitudes de detención con fines de extradicióncontra funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y advirtió que, si no existen pruebas, las imputaciones tienen un carácter político.
«Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación, encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
«Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político«, expresó.
Desde Palacio Nacional, la Presidenta leyó su posicionamiento, ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador Rocha y nueve más, en el que reiteró es obligación de la FGR investigar, y explicó que, luego del análisis podrá librar una orden de aprehensión, si es que cuenta con información irrefutable.
«Es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con todo exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud de manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión«.
Reiteró que se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito, pero que no permitirán una intromisión o injerencia de un gobierno extranjero.
«Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. (…) Debe quedar sumamente claro que bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía», concluyó el posicionamiento.
La Mandataria federal apuntó que un asunto es la investigación que hará la FGR, y otro la injerencia de un país extranjero y un tercero es la reacción de la Oposición en México, que se «cuelgan del exterior».
«Una cosa es si hay delito o no hay un delito respecto a una acusación, y para ello, tiene que investigar la Fiscalía General de la República y ser muy serios en la investigación, y siempre cumpliendo el Estado de Derecho y defendiendo las instituciones mexicanas; lo segundo, es la injerencia. Pongámoslo al revés, nada más para que dimensionemos, que la FGR de México estuviera investigando gobernadores, presidentes municipales, senadores de otros países.
«¿Qué pensarían los otros países, qué pensaría cualquier país del mundo, no pongamos Estados Unidos, cualquier país del mundo, qué pensaría un pueblo de un país si la Fiscalía General de la República hiciera una investigación y presentará una orden de extradición a un gobernador en funciones de ese país? Nada más para poner el contexto. Eso no quiere decir que no se investigue. Que se investigue y se actúe en consecuencia si hay pruebas«, afirmó.
«Y tercero, la actitud de la Oposición de los adversarios del conservadurismo, se cuelgan del exterior, del exterior, para tener un argumento con el pueblo de México, todavía no se ha aclarado lo de Chihauhua, siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional, no es menor, eso sigue sus investigaciones», agregó.
Autoridades de Estados Unidos exigieron el martes pasado la entrega del Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) por encabezar un narcogobierno en Sinaloa.
El Gobierno del Presidente Donald Trump solicitó el 28 de abril (aunque hasta ayer se difundió) la detención con fines de extradición del Mandatario morenista y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su círculo cercano, quienes son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por dar protección al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas.
Se trata del primer Gobernador en funciones en México acusado en Estados Unidos por estos delitos.
Según el expediente presentado a la Corte de EU hace una semana (el 23 de abril), pero que hasta ayer fue difundido públicamente junto con la petición de detención y extradición, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a EU a cambio de apoyo político y sobornos.
En particular, EU acusa a Rocha de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y conocidos en Sinaloa como «Los Chapitos», para garantizar el apoyo del Cártel de Sinaloa para su elección. Dicho apoyo incluyó la intimidación a otros candidatos y el robo de boletas electorales en aquel año.
