A casi nueve meses de la creación legal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de San Luis Potosí, las familias buscadoras siguen sin conocer cuándo contará con el personal, las instalaciones y los recursos necesarios para funcionar plenamente. Tras reunirse el 4 de noviembre con la fiscal general Manuela García Cázares, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros señaló que no recibió un calendario definido para ponerla en marcha.
El Decreto 0468, publicado el 23 de febrero de 2026, dispuso la entrada en operaciones de la nueva instancia y contempló áreas especializadas en investigación, análisis de contexto, atención a víctimas y búsqueda. El presupuesto estatal de 2026 reservó 4 millones 696 mil 305 pesos, con cargo a los recursos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para su funcionamiento.
Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo, afirmó que ese dinero aún no ha sido liberado. Según relató, en la reunión les informaron que podría entregarse hasta el 31 de diciembre. Las familias cuestionan que recursos previstos para este año sigan pendientes cuando el ejercicio fiscal está por terminar.
Pérez Rodríguez indicó que el presupuesto permitiría contratar agentes del Ministerio Público y policías de Investigación, además de adquirir vehículos e insumos. También dijo que la FGE ha enviado cinco oficios a la Secretaría de Finanzas para solicitar los recursos, aunque durante el encuentro no les mostraron esos documentos ni les precisaron quién debe autorizar su entrega.
La unidad actual atiende los casos con personal limitado
Mientras se integra la nueva Fiscalía, la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas continúa a cargo de los expedientes. De acuerdo con las cifras compartidas por Pérez Rodríguez, dispone de cinco policías de Investigación y seis agentes del Ministerio Público para atender casos en todo el estado. Tres de los policías estarían asignados a las zonas Centro y Altiplano, uno a Rioverde y otro a Ciudad Valles.
Las familias señalaron además que todavía no hay una sede definida. Primero se les planteó utilizar instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos y ahora, según Pérez Rodríguez, se considera rentar un inmueble.
La representante del colectivo denunció rezago en los expedientes y falta de reuniones de seguimiento desde el cambio en la titularidad de la Unidad, encabezada por Karla Victoria García Leura. Afirmó que la funcionaria no se ha reunido con las familias para conocer directamente sus casos y necesidades. También pidió que las investigaciones de larga data reciban atención sin dejar de responder con urgencia a las desapariciones recientes.
Las familias esperan que las contrataciones comiencen en enero de 2027 y que la Fiscalía Especializada se instale durante el primer trimestre de ese año. Acordaron revisar los avances con las autoridades en una nueva reunión durante la última semana de enero.
Pérez Rodríguez advirtió que, si antes de diciembre no se libera el presupuesto ni se avanza en la asignación de personal y el inicio de funciones, el colectivo podría sumarse a movilizaciones nacionales. Entre las acciones que mencionó se encuentra un posible cierre de la carretera 57.
