El plan estratégico de Petróleos Mexicanos mantiene ambigüedad sobre el uso de fracking en el país, por lo que su eventual aplicación no puede descartarse, advirtió la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, quien señaló que en San Luis Potosí se impulsarán acciones para impedir que esta técnica se implemente en la Huasteca debido a sus posibles impactos ambientales, hídricos y de salud.
La legisladora explicó que, aunque el documento federal no menciona de manera explícita la fracturación hidráulica, su redacción deja abierta la posibilidad de que se utilice esta técnica, ampliamente empleada en la extracción de hidrocarburos y que implica la inyección de agua, arena y químicos a alta presión, lo que puede generar contaminación de mantos acuíferos y afectaciones al entorno.
En este contexto, indicó que ya existe coordinación con contralorías autónomas de la región Huasteca y con colectivos ambientalistas que han manifestado su rechazo a este tipo de proyectos, con el objetivo de evitar que se instalen en zonas indígenas o en áreas de alta sensibilidad ecológica dentro del estado. Subrayó que la defensa del territorio y del agua se ha convertido en un eje central para las comunidades que históricamente han resistido actividades extractivas.
García Martínez reconoció que se trata de un tema de competencia federal, lo que limita la capacidad de acción directa del Congreso local; sin embargo, adelantó que se analizan mecanismos como exhortos e iniciativas para visibilizar los riesgos asociados al fracking y documentar sus posibles afectaciones en la Huasteca potosina.
La posible introducción de esta técnica ha reactivado el debate sobre el modelo energético y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental, en una región donde el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas son considerados prioritarios por la población. El fracking, por sus características, ha sido señalado como una práctica de alto impacto que podría comprometer estos recursos, lo que ha generado una postura preventiva desde distintos sectores sociales y políticos en San Luis Potosí.
