Las recientes observaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada hacia México tienen su origen en años de trabajo, denuncias y testimonios de familias buscadoras, aseguró Edith Pérez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad.
La activista explicó que desde 2022 se realizaron mesas de trabajo con instancias internacionales, donde se documentaron casos, omisiones y fallas estructurales en la atención a desapariciones.
“Es un reclamo que nace de las familias”, afirmó, al señalar que el problema persiste pese a los cambios de gobierno.
Pérez subrayó que las desapariciones en México responden a una crisis estructural que no ha sido resuelta, independientemente del partido o administración en turno.
Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que el informe del comité no corresponde a su gobierno.
“Se termina un gobierno y comienza otro, y otra vez volver a pelear”, expresó, al referirse a la falta de continuidad institucional que, dijo, obliga a los colectivos a reiniciar procesos de exigencia.
En el caso de San Luis Potosí, la representante de Voz y Dignidad acusó dificultades constantes para que autoridades estatales y fiscalías asuman plenamente su responsabilidad en la atención de estos casos.
Advirtió que uno de los principales problemas es la falta de acciones de fondo que garanticen resultados en la búsqueda y localización de personas.
Pérez también alertó que en contextos electorales suele incrementarse el riesgo, debido a que las autoridades concentran su atención en procesos políticos.
“Es cuando nadie está a cargo y el pueblo sufre”, señaló.
La activista pidió a la sociedad evitar la criminalización de las personas desaparecidas y recordó casos recientes, como el de trabajadores en Matehuala, para evidenciar que cualquier persona puede ser víctima.
Finalmente, insistió en que la presión internacional debe acompañarse de exigencia interna para lograr cambios reales.
“No es porque lo diga la ONU, es porque es una responsabilidad del Estado”, concluyó.
