El Gobierno de Guanajuato promovió una controversia constitucional para impugnar la reforma judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ex Gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodriguez, presentó la controversia justo antes de dejar su cargo el pasado 26 de septiembre, pero la Corte notificó apenas el viernes pasado que el expediente fue turnado al Ministro Juan Luis González Alcántara, para que resuelva si será admitida a trámite.
Se trata de una controversia «tradicional», que no tiene qué ver con la que el Pleno de la Corte decidió iniciar el jueves pasado, para examinar si cuenta con facultades para revisar la reforma, por la cual todos los jueces del País serán electos por voto popular.
Tratándose de magistrados y jueces de los tribunales superiores de justicia estatales, su elección por voto popular no necesariamente se tiene que realizar en junio de 2025, como se hará para la justicia federal, sino que cada entidad puede decidir si la deja hasta junio de 2027.
Desde 1995, los estados pueden promover controversias como la de Guanajuato para impugnar «la Constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones» de otros niveles de gobierno, ya sean federales o municipales, que invadan su ámbito de atribuciones, y en las cuales también se pueden alegar violaciones a tratados internacionales sobre derechos humanos.
Está por verse, sin embargo, si González Alcántara admitirá la demanda, pues lo impugnado no es una ley secundaria o algún otro acto de autoridades, sino una reforma a la Constitución federal, que es precisamente el parámetro de control para estos juicios.
Si González Alcántara admite la demanda, o si la desecha por improcedente, su acuerdo podrá ser impugnado por la parte afectada ante el Pleno de la Corte, mediante un recurso de reclamación.
La admisión de la controversia implicaría llamar a juicio al Congreso y el Ejecutivo federales, así como a las Legislaturas estatales que aprobaron la reforma, publicada el pasado 15 de septiembre, para que rindan informes y argumenten en su defensa.
Se desconoce si Guanajuato solicitó una suspensión que, de ser concedida por el Ministro instructor, podría llevar a que la reforma no tenga efectos temporalmente, pero solo en ese estado, aunque por regla general la Corte no concede suspensiones contra leyes, y nunca lo ha hecho contra una norma Constitucional.
Además, si el Pleno de la Corte llegara a determinar que puede pronunciarse sobre la Constitucionalidad de la propia Constitución, una eventual sentencia en favor de Guanajuato también tendría efectos solo para esa entidad.
