Los tres imputados en el caso de la tragedia en el antro Rich buscan ahora un acuerdo conciliatorio. Recientemente, se presentaron dos amparos por parte de su defensa ante el Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito del Poder Judicial federal. En la audiencia inicial del 22 de junio, tras su aprehensión el 17 de junio, el juez de control dictó prisión preventiva para Nancy N., Ulises N. y Francisco N. Nancy N., presunta prestanombres, y Ulises N., supuesto propietario del Rich, enfrentan acusaciones por homicidio culposo, lesiones e incumplimiento a normas de operación y funcionamiento.
Nancy N. ha interpuesto el amparo número 1012/2024, centrado en el último de los delitos imputados. Según información del Consejo de la Judicatura federal, en este proceso se menciona al gobernador del estado entre las autoridades relacionadas. En su amparo del 17 de junio, Nancy N. argumenta la aplicación de los artículos 346 y 347 del Código Penal estatal, reformados en 2017, que “comete el delito de incumplimiento a normas de operación o funcionamiento quien venda, expenda o suministre alcohol etílico (…), sin lo licencia o permiso para su operación o funcionamiento”.
Además, se indica que comete el delito de incumplimiento de normas cuando alguien en un establecimiento comercial, con licencia o permiso para operar vende bebidas alcohólicas de manera contraria a lo autorizado.
Las dos formas del delito de incumplimiento conllevan penas de hasta diez años de prisión.
La apoderada legal del antro RICH niega cualquier responsabilidad por las irregularidades administrativas o por el procedimiento de investigación que llevó a la fiscalía a solicitar la vinculación por presunto incumplimiento de normas. Esto a pesar de los informes en medios y la supuesta evidencia de documentos vencidos o incoherentes con la verdadera actividad del lugar, que se han hecho públicos.
El otro amparo, con el número de expediente 1006/2024, fue presentado el 12 de julio. En él, Nancy N., Ulises N. y Francisco N., vinculados a proceso, impugnaron la resolución del 22 de junio de 2024 que impuso la prisión preventiva justificada.
El amparo recibió una primera negativa de suspensión provisional el 15 de julio, lo que llevó a la defensa a recurrir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito con una queja admitida el viernes 19 de junio.
El Juzgado Sexto de Distrito está programando una primera audiencia constitucional para el amparo 1012/2024 el 23 de agosto próximo.
Se anticipa que la audiencia programada para el 2 de agosto, donde la fiscalía espera recibir una solicitud de acuerdo por parte de la defensa, probablemente sea pospuesta.
