El titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Sergio Aguiñaga Muñiz, informó que tres funcionarios públicos fueron inhabilitados por su probable responsabilidad en omisiones relacionadas con el accidente ocurrido en el antro Rich, el pasado 7 de junio de 2024, donde fallecieron dos jóvenes.
Los funcionarios sancionados pertenecen a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación del Estado y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Aguiñaga Muñiz explicó que la resolución ya fue presentada en los juzgados para que se informe directamente al padre de uno de los jóvenes fallecidos. Indicó además que la inhabilitación está firme, sin importar los procesos jurídicos individuales que los exfuncionarios puedan enfrentar por este caso.
“El resolutivo está firme desde diciembre de 2024 y ya fue enviado al Ayuntamiento de la capital, para que su contraloría interna ahonde en las investigaciones pertinentes”, detalló.
El contralor subrayó que, si bien hubo omisiones a nivel estatal, la responsabilidad mayor recae en la alcaldía de San Luis Potosí, ya que es la instancia encargada de revisar, autorizar y supervisar los permisos de funcionamiento de los establecimientos.
