El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, publicada este jueves, indica que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Advierte que, conforme a su evaluación, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del País.
El procedimiento, remarcó en un comunicado, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.
«En virtud del artículo 34 de la Convención (Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas), el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica», apuntó.
«Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia».
Indicó que tomó nota de la postura del Gobierno de México en el sentido de que muchas desapariciones en el País son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención.
Sin embargo, señaló, en algunos de los casos denunciados ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», planteó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.
