El Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito emplazó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí a presentar los informes justificados en torno a la posible responsabilidad de funcionarios públicos, por acción u omisión, relacionada con el accidente ocurrido en el antro Rich, donde murieron dos personas y otras diez resultaron heridas.
La jueza Araceli del Rocío Hernández Castillo, encargada del juicio de amparo 443/2025-VII, giró un citatorio formal —entregado a través de su actuaria— para que la Contraloría General del Estado entregue dicha información en un plazo máximo de tres días hábiles.
La resolución se deriva del hecho de que la Contraloría no ha fundamentado ni motivado las causas de la reserva de la información relativa a las investigaciones administrativas que involucran a servidores públicos, lo que llevó al juzgado a considerar que dicho órgano está obligado a transparentar los datos pertinentes, tanto para la autoridad judicial como para la parte quejosa que promovió el recurso legal.
En su resolución, la jueza también ordenó al contralor estatal elaborar una versión pública de los actos derivados de la investigación interna a funcionarios, y entregar dicha versión al quejoso.
El promovente del amparo argumentó que las autoridades estatales han ocultado información crucial relacionada con las posibles faltas o negligencias de los funcionarios estatales antes y después del trágico accidente en el bar ubicado en la plaza comercial Alttus, ocurrido el 7 de junio de 2024.
Este nuevo emplazamiento judicial añade presión a las autoridades estatales para rendir cuentas sobre las circunstancias administrativas que pudieron contribuir a la tragedia, justo en el marco del primer aniversario luctuoso de las víctimas.
