La actriz mexicana Issabela Camil ha llevado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por la violación de su derecho a la intimidad sexual debido a la representación de su vida en Luis Miguel, la serie. La controversia radica en las escenas con contenido sexual en las que aparece un personaje basado en ella. Este martes, un juez de control federal tomará la decisión de si mantiene las medidas de protección ordenadas por la FGR, que incluyen la eliminación de dicho contenido de la plataforma de streaming. La FGR había otorgado un plazo de cinco días a Netflix para retirar las escenas, pero hasta ahora, no se ha realizado ninguna modificación.
La justicia determinará si confirma, revoca o ajusta las medidas en cuestión. El derecho a la intimidad sexual está protegido por el Código Penal Federal a través de reformas introducidas por la Ley Olimpia, la cual establece sanciones a quienes difundan imágenes, videos o audios íntimos sin el consentimiento de la persona afectada. En este caso, Camil asegura que nunca fue consultada ni dio su autorización para que su vida privada fuera representada en la producción, lo que incluye la interpretación de escenas de contenido sexual.
Además, la Ley Olimpia señala que también es delito cuando una persona es identificable en una representación sexual realizada por un tercero, tal como sucede con el personaje de Camil en la serie. La legislación es clara en que la pena será más severa cuando la publicación o difusión se haga con fines lucrativos, como es el caso de Netflix.
Esta batalla legal se suma a las demandas que Camil presentó en 2023 por daño moral y material. Las acciones legales continúan su curso en los tribunales correspondientes. Cabe mencionar que, además de México, la serie se distribuyó en otros países de habla hispana como España y varias naciones de Latinoamérica.
Este caso llega poco después de un hecho histórico en el ámbito legal mexicano: la retirada de la película Familia de medianoche, tras la denuncia de una mujer por violencia mediática. Este tipo de decisiones marcan un precedente en la lucha por la protección de los derechos de las personas ante la difusión no consentida de contenido íntimo en plataformas digitales.
