En medio del contexto de crisis hídrica que enfrenta San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal advirtió que el debate sobre el agua no puede limitarse únicamente a la disponibilidad del recurso, sino que debe centrarse también en cómo se distribuye, quién toma las decisiones sobre su uso y qué sectores quedan excluidos del acceso.
A través de un posicionamiento, el organismo sostuvo que es necesario incorporar el enfoque de “justicia hídrica” dentro de la gobernanza del agua, al considerar que este recurso debe entenderse como un derecho humano y un bien común, y no únicamente como una mercancía sujeta a intereses económicos.
El Consejo señaló que las desigualdades en el acceso al agua no responden exclusivamente a condiciones naturales, sino a decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han favorecido a ciertos sectores, particularmente el industrial, inmobiliario y zonas urbanas consolidadas, mientras comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios enfrentan problemas de escasez, mala calidad del servicio o suministro intermitente.
De acuerdo con el organismo, este escenario ha provocado procesos de concentración del recurso en manos de actores con mayor capacidad económica y política, fenómeno que identificó como acumulación y despojo hídrico.
Ante ello, el Consejo Hídrico Estatal consideró que una transformación real en la gestión del agua requiere modificar las reglas bajo las cuales se toman decisiones relacionadas con concesiones, distribución y proyectos hidráulicos, y no únicamente apostar por ampliar infraestructura o buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
Entre los principales puntos planteados dentro de una gobernanza con enfoque de justicia hídrica, el organismo destacó la necesidad de priorizar el consumo humano y la conservación de los ecosistemas en la distribución del recurso, además de fortalecer mecanismos de participación ciudadana efectiva, reconocer los sistemas comunitarios de gestión del agua y los saberes locales, así como reforzar la transparencia y rendición de cuentas en las decisiones públicas vinculadas al manejo hídrico.
Asimismo, subrayó que la protección de acuíferos, zonas de recarga y biodiversidad resulta indispensable para garantizar la disponibilidad futura del agua en la entidad.
El Consejo consideró que este enfoque forma parte de una visión más amplia de justicia ambiental, orientada a distribuir de manera equilibrada tanto los beneficios como las consecuencias derivadas del uso de los recursos naturales.
Finalmente, el organismo reiteró que promover la justicia hídrica implica replantear el modelo de desarrollo, la planeación urbana y la gestión institucional del agua, con el objetivo de construir un sistema más incluyente y sostenible, donde el acceso al agua deje de ser un privilegio y se garantice como un derecho para toda la población.
