Documentos oficiales revelan presuntas irregularidades administrativas en la delegación de la Secretaría de Bienestar en Matehuala, donde registros internos y declaraciones patrimoniales apuntan a posibles casos de nepotismo en la contratación de personal, así como a la existencia de personas adscritas a nómina que presuntamente no realizan labores operativas, mientras otros empleados enfrentan sobrecarga de trabajo y presiones laborales.
De acuerdo con una denuncia presentada a este medio, a inicios de 2025 personal adscrito a la región Altiplano fue comisionado a Tamaulipas, Baja California y la Huasteca potosina para atender labores de repatriación de migrantes, levantamiento de censos y atención a emergencias por desastres naturales. Aunque estas tareas forman parte de las funciones institucionales, los denunciantes señalan que negarse a acudir a todos los llamados derivó en amenazas laborales, presuntamente vinculadas al actual delegado estatal de Bienestar, Guillermo Morales López.
La denuncia se sustenta en documentación administrativa oficial, la cual fue revisada y corroborada por este medio. Se verificaron declaraciones patrimoniales y de intereses, en versión pública, donde se consignan fechas de contratación, áreas de adscripción y niveles salariales de las personas señaladas, información que coincide con padrones y registros internos de la dependencia federal.
Uno de los casos documentados corresponde a Lailah Damaris Martínez Martínez, cuya declaración patrimonial confirma que fue dada de alta como Servidora de la Nación el 1 de marzo de 2024, adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UR 112) de la Secretaría de Bienestar, con nivel P11 y funciones de difusión y promoción de programas sociales. Su contratación se habría realizado cuando su hermano, Jesús Guille Martínez Martínez, se desempeñaba como director regional en la misma zona, cargo que dejó en 2025 para asumir como delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Un segundo caso es el de Mayra Fernanda Ibarra Loredo, cuya declaración establece que fue dada de alta como Servidora de la Nación el 1 de febrero de 2024, también adscrita a la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UR 112), con nivel P11 y funciones similares. La información proviene de documentos oficiales presentados ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde se consigna su adscripción dentro de la estructura federal.
Según los denunciantes, ambas personas figuran administrativamente adscritas a Matehuala, pese a que —aseguran— no han desempeñado labores en ese municipio ni en otra región, mientras trabajadores activos cubren comisiones fuera del estado, jornadas extendidas y tareas de emergencia nacional.
Los documentos revisados corresponden al periodo en el que la delegación estatal de Bienestar se encuentra bajo la responsabilidad de Guillermo Morales López, área encargada de la administración, validación y supervisión del personal asignado a la región Altiplano.
Hasta el momento, no existe posicionamiento público de la delegación federal respecto a los señalamientos contenidos en la documentación revisada, ni se ha informado sobre la apertura de procedimientos administrativos o de control interno.
