La propuesta del Gobierno Federal de reducir en 25 por ciento el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales podría generar un escenario de presión operativa para el sistema electoral mexicano, en un contexto donde las funciones de estas instituciones han aumentado de forma constante.
Así lo señaló la consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas, quien consideró incongruente disminuir los recursos destinados al organismo mientras continúan ampliándose sus atribuciones.
En entrevista, explicó que desde la reforma político-electoral de 2014 el INE no solo se encarga de organizar elecciones federales, sino que también asumió tareas como la fiscalización nacional de los partidos políticos, la designación de consejerías electorales locales y la coordinación de procesos electorales estatales.
A estas responsabilidades se sumaron mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y la revocación de mandato, además de la organización de la próxima elección judicial.
Nuevas responsabilidades institucionales
Ravel Cuevas advirtió que la carga institucional también se incrementó tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que implicó nuevas obligaciones para el organismo electoral en materia de transparencia.
En caso de concretarse el ajuste presupuestal, indicó que podrían presentarse afectaciones en la calidad técnica y logística con la que el instituto desarrolla sus procesos electorales.
Propuestas en la reforma electoral
En el contexto del análisis de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera señaló que el INE ha presentado diversas propuestas orientadas a fortalecer los derechos político-electorales.
Entre ellas mencionó la incorporación de acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, garantizar el voto de personas en prisión preventiva y consolidar el voto anticipado para personas con movilidad limitada.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión a revisar con responsabilidad el alcance de la iniciativa y valorar sus implicaciones institucionales.
La consejera subrayó que el funcionamiento del sistema electoral es un componente central para la estabilidad democrática y para garantizar certeza en los procesos de renovación del poder público.
