Con 20 votos a favor y 4 en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de reducción de privilegios y racionalización del gasto público, convirtiéndose en uno de los congresos locales que han dado luz verde a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, plantea modificaciones a diversos artículos de la Constitución federal con el objetivo de limitar el gasto de los poderes públicos y ajustar la integración de los ayuntamientos bajo criterios de eficiencia y paridad de género.
Entre los cambios más relevantes, se establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, incorporando principios de paridad de género vertical y horizontal, así como igualdad sustantiva en el acceso al poder. Asimismo, los ahorros derivados de la reducción de integrantes deberán integrarse a la hacienda pública municipal.
La reforma también fija un tope al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, además de establecer que funcionarios electorales —incluidos consejeros y magistrados— no podrán percibir remuneraciones por encima de lo establecido en la Constitución ni acceder a seguros privados o prestaciones especiales fuera del marco legal.
El decreto contempla que las legislaturas estatales deberán armonizar sus marcos jurídicos antes del 30 de mayo de 2026, mientras que los ajustes en integración de ayuntamientos y presupuestos surtirán efecto en los siguientes periodos administrativos.
En el plano nacional, la aprobación de San Luis Potosí se suma a la de otros congresos estatales como Tabasco, Oaxaca y Guerrero, dentro del proceso necesario para validar una reforma constitucional, que requiere el aval de al menos 17 legislaturas locales.
Durante la discusión, el dictamen generó posturas encontradas entre las distintas fuerzas políticas. Desde Morena, Arreola Mallol defendió la reforma como un paso hacia el uso responsable de los recursos públicos y el combate a los privilegios burocráticos, al señalar que el gasto debe orientarse a atender necesidades sociales.
En contraste, el diputado Rubén Guajardo Barrera criticó la iniciativa al considerarla superficial e insuficiente, al argumentar que no aborda problemas estructurales del sistema electoral como el uso de recursos ilícitos, la sobrerrepresentación legislativa o los actos anticipados de campaña. A su juicio, la propuesta se centra más en ajustes administrativos que en transformaciones de fondo rumbo a los comicios de 2027.
Por su parte, el legislador Marco Antonio Gama Basarte reconoció las limitaciones de la reforma, aunque su bancada votó a favor tras lograr modificaciones previas. Señaló que una reforma electoral integral debería blindar la democracia frente a la violencia política, el dinero ilícito y la injerencia del crimen organizado, elementos que —dijo— no están plenamente atendidos en el dictamen.
Con esta aprobación, San Luis Potosí se integra al bloque de estados que respaldan la reforma constitucional, en un proceso legislativo que avanza entre respaldos mayoritarios y críticas de la oposición sobre su alcance real.
