Víctor Manuel Álvarez Puga, considerado por el Gobierno mexicano como el artífice de una red de empresas fantasma que desfalcaron al erario en los últimos sexenios, cedió los derechos de un rancho de lujo en Palm Beach, Florida, a Luis Héctor Rodríguez Pérez, ex funcionario del Gobierno de Michoacán durante la gestión del Gobernador perredista Silvano Aureoles.
La transferencia del inmueble ocurrió ocho meses después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunciara públicamente en noviembre de 2021 que la administración de su antecesor, el perredista Silvano Aureoles, otorgó un contrato millonario a una empresa de Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.
Ubicado en el número 4985 de la calle Stables Way, en la villa de Wellington -considerada como una de las capitales ecuestres del mundo-, el rancho de 15 mil metros cuadrados fue comprado en 2019 por Álvarez Puga en 4.9 millones de dólares y cuenta con una caballeriza para doce ejemplares, seis potreros, una amplia alberca con jacuzzi techada, siete habitaciones con acabados de lujo y su propia pista de equitación.
La existencia de esta propiedad salió a la luz en 2022, luego de que el diario El País revelara que Álvarez Puga y su esposa dejaron el rancho como garantía de pago de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares.
Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC -empleada por Álvarez Puga para adquirir la ostentosa finca- cedió los derechos de la propiedad a Raik Holdings Corp., compañía administrada y presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se desempeñó en el gobierno de Aureoles como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Para realizar el traspaso del rancho, Álvarez Puga se valió de un «quitclaim deed» o «cesión de derechos», una figura legal del derecho inmobiliario estadounidense que permite transferir y renunciar a los derechos de una propiedad sin necesidad de una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno, de acuerdo con un agente de bienes raíces consultado por MCCI.
