El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó las reglas electorales que regirán el proceso local de 2027, con modificaciones en materia de voto para personas en prisión preventiva, registro de candidaturas, financiamiento público y requisitos para aspirantes a cargos de elección popular.
Con 25 votos a favor y una abstención, el Poder Legislativo avaló el paquete de reformas que comenzará a aplicarse en el proceso electoral local que arrancará en noviembre próximo.
Entre los cambios más relevantes destaca la incorporación del derecho al voto para personas en prisión preventiva que no cuenten con sentencia condenatoria firme, medida que amplía la participación electoral bajo el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, se aprobó la posibilidad de realizar el registro de candidaturas y la entrega de documentación mediante plataformas digitales, con el objetivo de agilizar procedimientos administrativos y reducir la carga operativa de la autoridad electoral.
En cuanto a los requisitos para aspirantes a cargos de elección popular, las evaluaciones de control y confianza quedaron como un mecanismo voluntario, luego de que las comisiones legislativas descartaran su obligatoriedad al considerar que podría vulnerar el derecho constitucional de ser votado.
El Congreso también desechó la propuesta para establecer verificaciones documentales en candidaturas registradas bajo acciones afirmativas de género, iniciativa que buscaba evitar simulaciones en postulaciones, como las observadas en el llamado caso “Reyitos”.
La propuesta rechazada planteaba que quienes buscaran competir bajo estos criterios acreditaran documentalmente su identidad de género con al menos un año de antigüedad. Sin embargo, el dictamen final eliminó este requisito.
Otro de los cambios aprobados corresponde al financiamiento público de los partidos políticos, al contemplar incrementos en los recursos destinados a la capacitación de juventudes, así como asignaciones mínimas dirigidas a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y mujeres.
Las reformas definirán el marco normativo bajo el cual se desarrollará la renovación de cargos locales en 2027, en un contexto donde también persisten debates sobre representación política, inclusión y mecanismos de fiscalización electoral.
