La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene un importante rezago en el cumplimiento de órdenes judiciales, al registrar 56.79 por ciento de órdenes de aprehensión pendientes y apenas 43.21 por ciento ejecutadas, de acuerdo con el informe Radiografía de las Fiscalías en México, elaborado por la organización México Evalúa.
El estudio advierte que la ejecución de órdenes de aprehensión constituye “un indicador clave de la capacidad estatal real”, debido a que refleja la capacidad institucional para hacer efectivas las resoluciones emitidas por el Poder Judicial.
Además, el informe revela que en San Luis Potosí el 79.6 por ciento de las carpetas de investigación inicia sin una persona imputada, mientras que sólo el 20.4 por ciento comienza con una persona señalada como probable responsable.
Otro de los hallazgos relevantes es que 24.82 por ciento de los casos termina clasificado como archivo temporal, una categoría en la que predominan delitos como robo, violencia familiar y lesiones, lo que refleja dificultades para avanzar en las investigaciones.
En materia de estructura operativa, México Evalúa identificó que la fiscalía potosina es la que concentra mayor proporción de personal administrativo a nivel nacional: 63.74 por ciento de su plantilla corresponde a funciones administrativas, mientras que apenas 36.26 por ciento se distribuye entre fiscales, personal de investigación, peritos y otras áreas sustantivas.
Esta composición contrasta con otras fiscalías de la región Bajío. Por ejemplo, en Aguascalientes, el 24.3 por ciento del personal corresponde a investigación, 14.53 por ciento a fiscales, 11 por ciento a peritos y 27.7 por ciento a otras funciones operativas.
El análisis subraya que la distribución del personal revela diferencias estructurales significativas entre entidades y puede impactar directamente en la capacidad de persecución penal.
En el caso de San Luis Potosí, el organismo concluye que existe un “porcentaje muy bajo de fiscales respecto al total de la plantilla laboral”, lo que podría afectar la dirección estratégica de las investigaciones y la calidad de la litigación.
A nivel nacional, el informe también documenta un crecimiento sostenido del rezago en las fiscalías estatales. Entre 2016 y 2025, las carpetas de investigación pendientes pasaron de 442 mil 860 a 2 millones 626 mil 029, evidenciando el aumento de asuntos sin resolver en el sistema de procuración de justicia.
Asimismo, durante 2024 apenas 3.22 por ciento de los casos en el país concluyó mediante acuerdos reparatorios, lo que refleja un uso limitado de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Frente a este panorama, México Evalúa recomendó fortalecer la ejecución de órdenes de aprehensión, reorientar el modelo de gestión hacia resultados, implementar programas integrales para abatir el rezago y reforzar la transparencia y rendición de cuentas. Entre las medidas sugeridas también destaca la digitalización integral de las órdenes de aprehensión para mejorar el seguimiento y cumplimiento de los mandatos judiciales.
