El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reiteró que, en caso de aprobarse la propuesta para aplicar exámenes de control y confianza a candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, las evaluaciones para cargos locales deberán estar a cargo del Gobierno del Estado, mientras que las correspondientes a posiciones federales tendrían que ser responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
Las declaraciones del mandatario surgieron luego de que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, planteara que dichas evaluaciones deberían realizarse exclusivamente por instancias federales para evitar riesgos de intromisión política o un posible “atentado a la democracia”.
Gallardo Cardona respondió que la propuesta original ya contemplaba un esquema dividido entre autoridades estatales y federales, dependiendo del tipo de cargo al que aspire cada perfil.
“El alcalde no lo dijo, lo dije yo. Ayer lo comenté yo que debe de ser bipartita. Debe participar el estado para todos los exámenes de control y confianza locales; y debe participar la federación con la Fiscalía General de la República para todos los exámenes a cargos federales”, afirmó.
Previo a encabezar la celebración del Día de las Madres en el Centro de Negocios Potosí, el mandatario explicó que ya sostuvo comunicación con el delegado de la FGR en San Luis Potosí para explorar la posibilidad de participación de la dependencia federal en este esquema de evaluaciones.
Sin embargo, precisó que la decisión final dependerá de las determinaciones que se tomen desde el nivel central de la Fiscalía.
Gallardo también defendió la participación estatal bajo el argumento de que la autoridad federal difícilmente tendría capacidad operativa para revisar todos los perfiles que participen en procesos electorales locales y federales.
“No es una evaluación de cinco minutos”, sostuvo el gobernador al justificar la intervención de las instituciones estatales en las candidaturas locales.
El debate surge a raíz de la iniciativa impulsada en el Congreso del Estado por el diputado Héctor Serrano Cortés, quien propuso crear una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática como requisito obligatorio para competir por alcaldías, diputaciones o la gubernatura.
La propuesta contempla pruebas psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y evaluaciones del entorno socioeconómico de los aspirantes, realizadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.
La iniciativa ha abierto un debate político y jurídico sobre los límites entre la prevención de la infiltración del crimen organizado en procesos electorales y el riesgo de que este tipo de mecanismos puedan convertirse en herramientas de control político.
