La sanción de Estados Unidos contra una tienda de productos orgánicos en Tijuana ha vuelto a poner bajo escrutinio a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ella figura en el acta constitutiva de Vida Orgánica Tijuana, fundada en 2020 junto con su entonces esposo, Carlos Alberto Torres Torres, el hermano de este, Luis Alfonso Torres Torres, y otros socios. La mandataria afirma que cedió toda su participación en abril de 2023.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 29 de septiembre a los hermanos Torres por presuntamente facilitar operaciones del Cartel de Sinaloa en Baja California. También incluyó a Vida Orgánica Tijuana —conocida comercialmente como Vive Orgánico— entre las empresas sancionadas, al señalar que era propiedad de Luis Alfonso Torres o estaba bajo su control o dirección. El comunicado de la OFAC no incluye a Ávila entre las personas sancionadas.
La gobernadora reconoció que participó en la creación de la empresa, a la que describió como un pequeño mercado. Según la explicación que su gobierno dio a EL PAÍS, donó a Carlos Torres las acciones correspondientes a los 15.000 pesos que había aportado. La cesión, sostiene, surtió efectos el 27 de abril de 2023 y quedó inscrita el 26 de mayo de ese año.
Una rectificación del registro comercial hecha pública en septiembre de 2026 volvió a abrir preguntas sobre las fechas: la lista actualizada de socios ya no incluye a Ávila, pero sí a los dos hermanos Torres. El gobierno estatal atribuyó esa rectificación a un error material del trámite y sostuvo que no modifica la fecha en que la gobernadora dejó la sociedad.
El registro también contrasta con declaraciones que Carlos Torres hizo el año pasado, cuando aseguró que ya no participaba en el negocio. Tras conocer las sanciones, Torres negó los señalamientos de vínculos con el crimen organizado y anunció que buscará aclararlos ante las autoridades estadounidenses.
Ávila ha rechazado que las acusaciones contra su exesposo la involucren. Afirmó que tiene «las manos limpias» y descartó dejar el cargo. Por ahora, los documentos citados establecen su participación pasada en la empresa y la sanción estadounidense contra esta y los hermanos Torres; no acreditan que la gobernadora haya participado en las conductas que les atribuye la OFAC.
