Las impugnaciones contra leyes aprobadas por el Congreso de San Luis Potosí no demuestran, por sí solas, que haya fallas en el análisis legislativo, sostuvo Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El diputado defendió la revisión jurídica que se realiza antes de votar las reformas, aunque reconoció que la decisión final sobre su constitucionalidad corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Serrano afirmó que el Congreso cuenta con asesores con años de experiencia para revisar las propuestas. Su respuesta surgió ante los cuestionamientos por las reformas locales que han llegado a tribunales, entre ellas la que estableció nuevos requisitos para encabezar la Fiscalía General del Estado y la que redujo los periodos de precampaña. Ambas están impugnadas; su presentación ante la Corte no equivale a una declaración de invalidez.
El resultado fue distinto para la reforma que imponía una alternancia obligatoria de género en las candidaturas a la gubernatura: la SCJN la invalidó en septiembre. Ese fallo sí dejó sin efecto las disposiciones correspondientes y muestra que cada impugnación debe valorarse por su resolución, no solo por el hecho de haberse presentado.
Sobre la reducción de las precampañas, Serrano sostuvo que busca disminuir el gasto público. No precisó cuánto se ahorraría con el cambio. Consideró que el marco jurídico permite organizar el proceso electoral de 2027, aunque admitió que algunas disposiciones requieren revisión.
El legislador insistió en que la intervención de la Corte forma parte del equilibrio institucional: puede confirmar normas o invalidarlas después de examinarlas. Por ahora, las reformas sobre la Fiscalía y los plazos electorales siguen sujetas a lo que resuelva el máximo tribunal.
