La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una iniciativa de reforma constitucional para crear una ley general que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de feminicidio en todo el país, con el objetivo de homologar criterios y combatir la impunidad.
La propuesta plantea facultar al Congreso para expedir una legislación única que obligue a todas las fiscalías estatales a aplicar el mismo tipo penal y protocolos de actuación. El nuevo esquema contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, multas de 1,000 a 2,000 UMAS y un catálogo de 21 agravantes que podrían incrementar las sanciones.
Durante la presentación, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, calificó el feminicidio como una “lucha permanente” que requiere la participación conjunta del Estado, la academia y la sociedad civil. Señaló que no se trata solo de cifras, sino de una deuda histórica en materia de justicia para las mujeres.
Entre las agravantes consideradas en la iniciativa se incluyen casos donde la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada o tenga alguna discapacidad; también cuando el agresor sea servidor público o cuando existan antecedentes de violencia o signos de agresión sexual.
Además de las penas de prisión, la propuesta contempla sanciones adicionales como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, la pérdida de derechos sucesorios y la patria potestad, así como la custodia de menores.
La iniciativa también busca unificar los protocolos de investigación y atención a nivel nacional, retomando modelos implementados previamente en la Ciudad de México, donde —según la mandataria— se logró reducir la impunidad en este delito.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 se registraron 1,538 casos de feminicidio en el país, de los cuales 853 se consumaron y 685 quedaron en grado de tentativa. Sin embargo, especialistas advierten que solo una fracción de estos casos llega a judicializarse.
En ese sentido, la académica Sonia Frías, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado que apenas el 15% de los casos que llegan a fiscalías avanzan en el proceso judicial, lo que evidencia los retos estructurales en el acceso a la justicia.
Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en la incidencia —con un promedio actual de dos casos diarios—, colectivos feministas han insistido en que el problema persiste y que la prioridad debe centrarse en garantizar investigaciones efectivas y sanciones ejemplares.
