San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con menor número de elementos de la Guardia Nacional (GN) desplegados desde la creación de esta corporación en 2019. Así lo señala el 5º Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, el cual advierte que, hasta finales de 2024, la presencia operativa en la entidad apenas representa el 1.2% del total nacional.
Con apenas 1,334 efectivos desplegados, San Luis Potosí ocupa la posición 28 de 32 estados, por debajo de entidades con menor población o superficie como Tlaxcala, Campeche o Baja California Sur. Este contraste ocurre a pesar de que la Guardia Nacional ha crecido significativamente en número y presupuesto, superando los 137 mil elementos a nivel nacional.
Aunque las autoridades federales han ubicado a San Luis Potosí entre los estados con menor percepción de inseguridad —junto a Yucatán y Coahuila—, el informe advierte que la región centro-norte del país ha sido escenario de disputas entre grupos delictivos, lo cual ameritaría una revisión más matizada del despliegue federal.
Además, el documento señala que la entidad cuenta con infraestructura mínima en cuarteles operativos de la GN, y que recientemente se registró un relevo en la coordinación estatal con el nombramiento del general Gaudencio Ramos Jiménez.
El informe cuestiona que el despliegue de la GN no guarde relación proporcional con los niveles de violencia ni con la necesidad de fortalecer capacidades locales, sobre todo en zonas rurales o conflictivas donde el acceso a seguridad pública es limitado. A ello se suma el progresivo debilitamiento de las policías estatales y municipales, afectadas por la falta de recursos y atención institucional.
En ese contexto, el Observatorio advierte que el modelo de seguridad cada vez más centralizado y militarizado plantea retos importantes para entidades como San Luis Potosí, donde el despliegue federal está por debajo del promedio nacional y no parece responder a criterios técnicos claramente definidos.
Finalmente, el informe invita a una discusión urgente sobre la necesidad de fortalecer las capacidades civiles en seguridad y revisar el rol de las fuerzas federales, sin que ello implique el desplazamiento ni la debilitación de las instituciones locales.
