El Gobierno nicaragüense del Presidente Daniel Ortega envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para subordinar los demás poderes públicos al Ejecutivo, ejercer un control más estricto sobre los medios de comunicación y ampliar el periodo presidencial, entre otras polémicas medidas que podrían ser aprobadas el viernes.
La propuesta fue consignada el martes ante la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y ha sido catalogada como una «modernización de la Carta Magna» por el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.
«El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República, que dirige el Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de Control de la Administración Pública y Fiscalización y los Entes Autónomos», se dice en el proyecto.
Porras explicó que una comisión parlamentaria comenzó el miércoles a trabajar en la propuesta y deberá tener listo un dictamen para ser aprobado mañana.
La medida planteada por Ortega elevaría a su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, a la figura de «copresidenta».
Se prevé que la iniciativa sea aprobada sin problema debido al control que tiene el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) en la Asamblea.
«La Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se designarán en elecciones que se celebrarán cada seis años (no cinco como actualmente)», de acuerdo con el texto.
Ortega, ex guerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, es señalado por Estados Unidos, la Unión Europa (UE) y países de América Latina de instaurar una autocracia.
La reforma consigna que «los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense», tal y como ha hecho el Gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos que fueron expulsados de la nación centroamericana y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
Ortega y su poderosa esposa acusan a la Iglesia, periodistas y a las ONG de haber apoyado las manifestaciones de hace seis años, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros», y en el caso de las entidades económicas para que no apliquen las sanciones como las que ha impuesto Estados Unidos.
«El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas», se subraya en la iniciativa.
«Además, al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público«.
Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.
En la reforma, el Gobierno propone la creación de una «Policía Voluntaria», integrada por civiles, como «cuerpo auxiliar y de apoyo» a las fuerzas de seguridad.
Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
Tras la difusión del contenido de la reforma constitucional, sectores de oposición y organizaciones civiles la rechazaron por considerarla una concentración de poder.
«Dictadura Ortega-Murillo sepulta la institucionalidad en Nicaragua a través de una reforma a la Constitución (que) elimina la separación de los poderes del Estado y los deja bajo la coordinación de una dictadura bicéfala», apuntó en X Concertación Democrática Nicaragüense, una coalición de opositores exiliados.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), otra organización del exilio, calificó las reformas como una «distorsión irreversible del texto constitucional» que «eleva a rango constitucional la distorsión absoluta a la que (Daniel Ortega) ha sometido al Estado».
