La Unión Europea pondrá en marcha, a partir del próximo 2 de agosto, nuevas obligaciones de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial, con el objetivo de que los usuarios puedan identificar cuándo interactúan con una IA o consumen contenido generado o modificado mediante esta tecnología.
Las medidas forman parte de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, considerada la primera regulación integral sobre esta tecnología a nivel mundial. Como parte de su implementación, la Comisión Europea publicó nuevas directrices para facilitar el cumplimiento de las disposiciones por parte de empresas y desarrolladores.
Las obligaciones estarán dirigidas tanto a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, como OpenAI, Google o Anthropic, como a las empresas que utilizan estas herramientas para ofrecer servicios, automatizar procesos o generar contenidos.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligación de informar de forma clara cuando una persona interactúe directamente con un sistema de inteligencia artificial. Además, deberá identificarse el uso de tecnologías como los deepfakes, el reconocimiento de emociones, la categorización biométrica y los contenidos sobre temas de interés público generados por IA sin supervisión humana o control editorial.
La legislación no contempla el uso estrictamente personal de estas herramientas. Sin embargo, cuando el contenido generado con inteligencia artificial tenga fines comerciales o forme parte de una actividad empresarial, sí deberá cumplir con los requisitos de transparencia establecidos por la normativa.
Las empresas proveedoras también deberán incorporar mecanismos técnicos que permitan identificar automáticamente los contenidos creados mediante inteligencia artificial, facilitando su detección por otras plataformas y sistemas.
La Comisión Europea informó que las obligaciones de etiquetado para sistemas comercializados antes del 2 de agosto tendrán un periodo de adaptación y comenzarán a exigirse a partir del 2 de diciembre de 2026.
El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación anual global de la empresa responsable.
Las autoridades europeas sostienen que estas medidas buscan fortalecer la transparencia, combatir la desinformación y brindar a la ciudadanía herramientas para distinguir con mayor facilidad el contenido generado por inteligencia artificial.
