«Dormimos en el monte y bajo la lluvia», es el grito de auxilio de familias desplazadas de Guerrero que, ante el asedio de la organización criminal Los Ardillos, han tenido que abandonar sus hogares en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, en el Municipio de Chilapa.
A través de un video, una mujer leyó un comunicado denunciando que desde el pasado sábado 9 de mayo, los ataques con balas, drones con explosivos e incendios de casas no han dado tregua.
Pese a la gravedad de la situación, los refugiados en Alcozacán aseguran que no han recibido ayuda alguna por parte de los Gobiernos federal y estatal.
Más de mil 300 personas de esa localidad, afirman, fueron desplazadas de sus hogares tras nuevos episodios de violencia.
«Dicen que el Gobierno está atendiendo la situación, la realidad es que no ha hecho nada para nuestros pueblos. Todo ha sido una simulación para los medios de comunicación. Si fuera cierto lo que dicen, no habría otra comunidad más desplazada.
«Nuestros niños no estarían otra vez durmiendo en el monte bajo la lluvia, sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo. Las madres no estaríamos caminando en la oscuridad cargando a nuestros hijos, tratando de esconderlos de las balas y drones, sin saber si mañana vamos a seguir vivos, si algún día podremos regresar a nuestras casas. ¿A poco esto es la transformación de que hablan? Durante todo el día de ayer siguieron las balas, los drones, los incendios de casas en nuestras comunidades».
Los desplazados cuestionaron directamente la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
«Le pedimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga directamente; dicen que nos están protegiendo pero eso es mentira», expresó la mujer.
En respuesta a la crisis, este martes cerca de las 9:30 horas, un convoy de más de 20 patrullas de la Policía Estatal, Federal y la Fiscalía General del Estado (FGE) partió hacia Chilapa.
Entre los funcionarios destaca el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, quien apenas ayer fue retenido por el grupo armado «Paz y Justicia», identificado como el brazo armado de Los Ardillos.
El saldo de la violencia
Hasta el momento, los ataques han dejado un saldo de cuatro policías comunitarios muertos y una mujer herida, según informó Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ).
La organización lanzó una dura acusación contra la Alcaldesa priista de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, señalándola de ser cuñada de Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos.
En el comunicado, afirman que la Edil y su sobrino, Irving Carballo, desvían recursos públicos para equipar al grupo criminal con el armamento y los drones que hoy utilizan contra los pueblos.
Se reactiva el fuego en Atlixtac
Mientras el convoy avanzaba, la violencia se extendió a la comunidad de San Pedro Huitzapula, en el Municipio de Atlixtac.
Habitantes denunciaron que, tras una breve tregua el fin de semana, este martes se reanudaron los ataques con drones y armas de fuego.
.
«El comisario ya puso anuncios para que la gente se resguarde en sus casas, pero la mayoría tenemos techos de lámina», relató una vecina, evidenciando la vulnerabilidad total ante los explosivos lanzados desde el aire.
La violencia ha provocado que estudiantes de todos los niveles -desde preescolar hasta telebachillerato- cumplan dos semanas sin clases.
«Ya habían parado las balaceras y la gente ya estaba regresando a la normalidad pero otras vez empezaron los ataques», dijo la habitante de Huitzapula.
El pasado 16 de abril, supuestos policías comunitarios retuvieron en la comunidad de El Lucerito a un grupo de soldados del Ejército, Guardia Nacional y policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) a quienes obligaron que les entregaran a uno de sus compañeros que detuvieron cuando presuntamente participaba en los ataques contra los pobladores de Huitzapula.
Atlixtac es municipio que colinda con Chilapa y forman el corredor donde opera el grupo criminal de Los Ardillos.
