El 26 de junio, en medio de combates entre un comando conjunto de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea contra un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el municipio de Labranzagrande, departamento de Boyacá, fueron encontrados dos menores de edad que habían sido reclutados por el grupo ilegal alzado en armas. Un niño de 13 años y una niña de 16. Ambos vestían prendas militares y eran obligados a portar armas, según relata el coronel Carlos Andrés Realpe, comandante de la XVI brigada del Ejército.
«Los niños fueron recuperados en el momento en el que se realizan los combates. Apenas terminan los combates, los niños salen a entregarse a la tropa y en esos momentos son recuperados y alistados para recuperar sus derechos. Los niños se encontraban con vestido militar, una camisa táctica, pantalón de la Policía. Desafortunadamente, estas estructuras aún utilizan menores de edad para desarrollar sus actividades delictivas», le dijo a CNN el alto oficial. Los dos menores fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en donde reciben atención médica y psicológica para, posteriormente, iniciar la búsqueda de sus familiares.
La Delegación de Paz del Gobierno, que actualmente adelanta diálogos de paz con la guerrilla del ELN, condenó estos hechos, así como el secuestro y muerte de un policía en poder del grupo guerrillero en un comunicado el 26 de junio. «Nuestra delegación condena estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese el fuego, los informará al mecanismo de Monitoreo y Verificación. De igual modo, reitera que, ante la nueva prórroga de cese el fuego se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil», señaló.
El ELN no se ha referido a estos hechos en sus cuentas oficiales en las redes sociales ni mediante declaraciones de sus jefes. El 21 de junio, Antonio García, comandante del ELN, dijo en su cuenta en la red social X, antes Twitter, que “la reanudación de las actividades de la Mesa es algo esperado por el ELN. Pero primero que todo, el Gobierno debe cumplir todos los acuerdos firmados».
El hallazgo de los dos menores es apenas un caso reciente de los muchos que siguen ocurriendo en Colombia, aún en medio de los diálogos de paz entre el Gobierno y diferentes grupos armados, entre ellos el ELN. En lo que va del año, según cifras de las Fuerzas Militares, al menos 116 niños han sido rescatados de las filas de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico.
«Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado. Van 350 niños reclutados de los grupos indígenas. 350, eso para mí es un delito de lesa humanidad», afirmó el pasado viernes el presidente Gustavo Petro al referirse a la grave situación de orden público en el departamento del Cauca, en donde la Fuerza Aérea no ha podido bombardear campamentos de guerrilleros porque tienen menores de edad en su poder que han sido víctimas de reclutamiento forzado.
«Respetar la vida e integridad de la población civil, de manera particular la de niñas, niños y adolescentes que son objeto de especial protección institucional, no es una opción, es una obligación de las estructuras armadas ilegales», dijo el lunes a medios locales el Defensor del Pueblo, Julio Balanta.
En Colombia, el delito de reclutamiento forzado ha sido de tal magnitud que tiene un capítulo especial en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En el caso 07, como se le conoce en esta entidad, se investigan los crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por la desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida ahora en el partido político Comunes.
A inicios de mayo, la JEP informó que entregó a la familia los restos de un adolescente de 16 años que estuvo 22 años desaparecido, pero en realidad había sido reclutado por las FARC y murió en combates. El cuerpo fue encontrado en un cementerio de la localidad de La Unión Peneya, en el departamento del Caquetá. En el lugar, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, encontró 47 cuerpos de víctimas del conflicto, incluidos niños y niñas que habían sido reclutados de manera forzada, detalló la JEP en un comunicado.
“Uno recuerda jugar, ver muñequitos, hacer cosas de niños y después ver a mi mamá llorando, buscándolo. Para ella fue duro no verlo. No poder hacerle un velorio, ni llevarlo a una iglesia. Mamá sufrió mucho”, le dijo a los investigadores de la JEP y la UBPD la hermana del menor que fue identificado y entregado a su familia.
Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños, de entre los 9 y 17 años, fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en 2023. El 68,4% son de comunidades indígenas, uno de los grupos más vulnerables de la población que está en zonas de conflicto armado.
