La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que indaga a siete empresas, 83 personas y 89 vínculos entre ellas, como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
En el centro de la investigación están Cajas Graf y Corporativo ZEG. A partir de estas dos compañías, que han proveído material electoral al INE, se desprenden vínculos con Formas Finasy Materiales, TOL Producciones y Seriplast México, con las que comparten socios, administradores, representantes o delegados.
Fuera de esta red, pero dentro de la investigación, la ASF ubicó a Corona J.E. y Comercializadora JVLY.
Sobre esta última empresa, la ASF ya señaló, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, un presunto daño al erario por 63.2 millones de pesos, debido a que aparentemente no cumplió con los servicios para los que fue contratada por el INE.
«Los hallazgos revelaron conexiones entre las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast, destacando que cinco personas aparecen vinculadas tanto con ZEG como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades identificadas», señaló la ASF.
El órgano auditor identificó a César Rodríguez Ureña, Omar Salvador López Sánchez, Fernando Edgardo Hermosilla Contreras y Raymundo Francisco Hernández Casillas, entre las personas vinculadas tanto con ZEG como con Graf.
La ASF indicó que Alejandro Olaya Ortiz enlaza a Corporativo ZEG con Formas Finas y Materiales. El mapa lo describe como socio de ZEG y delegado de las asambleas de Formas Finas.
Tatiana Patricia Hernández Velázquez vincula a Cajas Graf con Seriplast México.
Cajas Graf, además, aparece relacionada con TOL Producciones en el esquema.
El mapa destaca el caso de Jonathan Navarrete Torres, quien estaba contratado en el INE como supuesto chofer de Taddei y figura como apoderado de ZEG. Entre mayo de 2025 y marzo de 2026 reportó ingresos por 601 mil 751 pesos.
El documento añade que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), encargado de validar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), cuyas certificaciones fueron revocadas. Las operaciones involucradas ascienden a 21.3 millones de pesos.
«Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales», indicó.
