Ante una eventual reforma judicial que dañaría el ambiente de negocios en México, Grupo Financiero Base refirió en un análisis con cifras de la Secretaría de Economía federal que los anuncios de nuevas inversiones en el País (aún no concretadas) ascienden a 45 mil 464 millones de dólares, de las cuales el 48 por ciento corresponde a empresas estadounidenses y éstas serían las primeras que estarían en riesgo.
«Debido a que la reforma del Poder Judicial debilitaría el marco legal mexicano, la administración de justicia y la aplicación de las reglas del T-MEC en el país, se pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y se inhibirían las nuevas inversiones provenientes de ese país», expuso el grupo financiero.
Base dimensionó que los anuncios de inversiones representan 125 por ciento de la Inversión Extranjera Directa total del 2023 y 2.55 por ciento del PIB de México de ese año.
Señaló que a lo anterior se sumaría un probable freno en la reinversión de utilidades, pues un 40 por ciento proviene de empresas estadounidenses.
Recordando que también grandes bancos de inversión y agencias calificadoras internacionales se han pronunciado en contra de la reforma judicial, Base expuso que su impacto económico se vería en:
1. La Inversión Extranjera Directa, primero en menos nuevas inversiones (lo que ya ocurre), luego en menor reinversión de utilidades e inclusive en la posibilidad de inversión extranjera negativa.
2. Inversión fija nacional, que podrían detener los proyectos de inversión ante la incertidumbre generada.
3. Inversión extranjera de cartera, ante el mayor riesgo en la economía mexicana, con la posibilidad de fugas de capitales.
4. Tipo de cambio más volátil y con tendencia al alza, con la posibilidad de alcanzar por lo menos un nivel de 21 pesos por dólar.
5. Menor crecimiento económico ante menor inversión fija, menor creación de empleo y mayor volatilidad del tipo de cambio.
6. Relación comercial con EU, que podría interponer nuevas controversias comerciales en contra de México y subir a panel la controversia en materia de energía.
7. Recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, ante la expectativa de menor crecimiento económico.
