Diputados sesionan en San Lázaro para discutir la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena.
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se alistan para aprobar hoy esta reforma que reforzaría las tareas castrenses en seguridad adicionando a la GN a labores que realiza Sedena en aduanas, construcción de obras, traslado de combustible y apoyo en tareas sociales.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial, y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
Entrevistado hace días en San Lázaro, Ricardo Monreal -coordinador de los diputados de Morena- afirmó que el Ejército y la Guardia Nacional son indispensables para lograr la tranquilidad y estabilidad social en México.
De aprobarse, esta se convertirá en la tercera reforma constitucional promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en ser avalada por el Congreso de la Unión antes de que concluya su sexenio, el próximo 30 de septiembre.
La discusión en el Pleno arrancó con mociones suspensivas, la primera de ellas fue presentada por la diputa Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, quien portaba una playera con la leyenda «paz».
Ballesteros dijo que con esta reforma se consumará la «militarización» de la Guardia Nacional.
«Hoy intentan imponer su constitucionalismo abusivo con la reforma para consumar la militarización de la Guardia Nacional. Esta reforma tampoco puede ser votada, el Estado mexicano ha sido sancionado en varias ocasiones por incumplir los tratados de derechos humanos que como País nos hemos comprometido a cumplir», expresó.
En segunda moción, Víctor Samuel Palma, del PRI, declaró que el dictamen de reforma es contrario a lo que dicta la CIDH y recalcó que la seguridad ciudadana debe estar a cargo de policías civiles.
«El dictamen de la comisión olvidó advertir que esta reforma es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia del 28 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos humanos, caso Alvarado Espinoza y otros contra México. Porque la Corte estableció que el mantenimiento del orden interno y la seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles», señaló.
La última moción la presentó el panista Héctor Saúl Téllez, quien recordó que en 2017 Morena coincidía con Acción Nacional en no militarizar al País, cuando en ese entonces se discutía la Ley de Seguridad Interior.
«Esta discusión ya se ha venido dando en otros momentos justo en este parlamento. Recordemos diciembre de 2017, cuando también por una mayoría se aprobó la entonces Ley de Seguridad Interior. De forma coincidente, tengo que resaltar que en ese momento Morena y Acción Nacional coincidíamos completamente en la no militarización de la seguridad pública.
«Tan es así que en enero de 2018 juntos interpusimos una acción de inconstitucionalidad, que a la postre la Suprema Corte de Justicia tomaría los argumentos vertidos por Morena y vertidos por Acción Nacional para desechar y para sacar del marco normativo a la Ley General de Seguridad Interior», contó Téllez.
Ya, durante el debate de la reforma, el primero en posicionarse fue Gustavo de Hoyos -diputado de Movimiento Ciudadano-, quien recordó al grupo parlamentario de Morena que ellos mismos en 2019 establecieron un límite de la participación militar en labores de seguridad pública.
«Esta reforma constitucional pretende otorgarle de manera permanente a las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional, una participación en la seguridad pública contraviniendo los límites básicos de nuestra Constitución. Al hacer esto, se violenta el principio de subordinación civil, un principio que ha defendido tanto nuestra Carta Magna como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
«Hay que recordar que Morena y sus aliados fueron quienes impulsaron la inclusión de estos principios en el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 como un límite necesario para garantizar que la participación militar en seguridad pública fuera temporal y sujeta al estricto control y escrutinio civil. Sin embargo, ustedes mismos ignoran ahora su propia postura al impulsar una reforma que contraviene lo que debería ser excepcional y temporal por algo que sea permanente e indefinido», criticó De Hoyos.
Por su parte, Lorena Piñón -del PRI- adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma a la Guardia Nacional.
«El grupo parlamentario del PRI no puede acompañar esta reforma porque el Estado mexicano se aleja de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos», anunció.
